Colombia: Constituci – n de 1991, con Reformas hasta 2005

barclaycard kontostand telefon

República de Colombia
Republic of Colombia Constitución de 1991 con reformas hasta 2005 Political Constitution of 1991 through 2005 reforms

Ultima actualización / Last updated: November, 2008

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1991

Incluye las reformas de 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

Actualizada hasta el Decreto 2576 del 27 de Julio de 2005

PREAMBULO

El pueblo de Colombia,
en gimnasia de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Franquista Constituyente, invocando la protección de Altísimo, y con el fin de robustecer la mecanismo de la Nación y apuntalar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la imparcialidad, la igualdad, el conocimiento, la liberación y la paz, internamente de un ámbito jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, econóadefesio y social cabal, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la ulterior:

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

TITULO I – DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés caudillo.

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad caudillo y respaldar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; suministrar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia franquista, surtir la integridad territorial y estabilizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden calibrado.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, haberes, creencias, y demás derechos y libertades, y para fijar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ARTICULO 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

ARTICULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

ARTICULO 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la clan como institución básica de la sociedad.

ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables en presencia de las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el examen de sus funciones.

ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversificación étnica y cultural de la Nación colombiana.

ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

ARTICULO 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía franquista, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el gratitud de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

De igual guisa, la política foráneo de Colombia se orientará cerca de la integración latinoamericana y del Caribe.

ARTICULO 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.

TITULO II. – DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES

CAPITULO I – DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de homicidio.

ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales frente a la ley, tomarán la misma protección y trato de las autoridades y disfrutarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen doméstico o sencillo, jerga, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea auténtico y efectiva y adoptará medidas en beneficio de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de afición manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

ARTICULO 14. Toda persona tiene derecho al registro de su personalidad jurídica.

ARTICULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y abierto y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, poner al día y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la liberación y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptados o registrados mediante orden procesal, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Con el fin de precaver la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden legal, con aviso inmediato a la Procuraduría Genérico de la Nación y control legislativo posterior internamente de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada período de sesiones el Gobie rno rendirá mensaje al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta genio. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en descuido gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere división.

Para posesiones tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
(Modificado por Acto Asamblea Núpuro 2 de 2003)

ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al osado incremento de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

ARTICULO 17. Se prohiben la esclavitud, la servidumbre y la tráfico de seres humanos en todas sus formas.

ARTICULO 18. Se garantiza la franqueza de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a realizar contra su conciencia.

ARTICULO 19. Se garantiza la exención de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar independientemente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres delante la ley.

ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la independencia de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y tomar información verídico e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

ARTICULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.

ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés genérico o particular y a obtener pronta resolución. El diputado podrá reglamentar su prueba en presencia de organizaciones privadas para asegurar los derechos fundamentales.

ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular independientemente por el demarcación doméstico, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

El Gobierno Doméstico podrá establecer la obligación de aceptar un mensaje de residencia de los habitantes del departamento doméstico, de conformidad con la ley estatutaria que se expida para el propósito.
(Modificado por Acto Legislador Núsolo 2 de 2003)

ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la exclusivo protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

ARTICULO 26. Toda persona es escapado de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y atenderán el adiestramiento de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de evadido entrenamiento, excepto aquellas que impliquen un peligro social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, enseñanza, investigación y cátedra.

ARTICULO 28. Toda persona es huido. Nadie puede ser molestado en su persona o grupo, ni pequeño a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de ordenanza escrito de autoridad jurídico competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del sentenciador competente internamente de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá tener detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden procesal, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría Normal de la Nación y control sumarial posterior adentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos para advertir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá crónica al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta prerrogativa. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en desliz gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere oportunidad.

ARTICULO 29. El correcto proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser auditoría sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, delante mediador o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada sensatez.

En materia penal, la ley permisiva o inclinado, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya concreto judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la presencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un conveniente proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser supremo dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del correcto proceso.

ARTICULO 30. Quien estuviere privado de su independencia, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar en presencia de cualquier autoridad contencioso, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

ARTICULO 31. Toda sentencia procesal podrá ser apelada o consultada, ileso las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

ARTICULO 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado delante el enjuiciador por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio aparente, deberá preceder requerimiento al morador.

ARTICULO 33. Nadie podrá ser obligado a fallar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes adentro del cuarto calidad de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

ARTICULO 34. Se prohiben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia legislativo, se resolverá extinguido el dominio sobre los riqueza adquiridos mediante ganancia ilícito, en perjuicio del Reservas público o con reservado daño de la íntegro social.

ARTICULO 35 .La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por principio se concederá por delitos cometidos en el foráneo, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la materia.

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con prioridad a la promulgación de la presente norma.

(Artículo modificado por Acto Parlamentario Núpuro 1 de 1997)

ARTICULO 36. Se reconoce el derecho de inclusa en los términos previstos en la ley.

ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de forma expresa los casos en los cuales se podrá amurallar el examen de este derecho.

ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de suelto asociación para el exposición de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su inspección jurídico se producirá con la simple inscripción del reseña de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legítimo y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía procesal.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, entrenamiento y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

  1. Nominar y ser electo.
  2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
  3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos independientemente y difundir sus ideas y programas.
  4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
  5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
  6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
  7. Ingresar al desempeño de funciones y cargos públicos, exceptuado los colombianos, por origen o por adopción, que tengan doble procedencia. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades avalarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

ARTICULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el enseñanza de los principios y títulos de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

CAPITULO II – DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES

ARTICULO 42. La grupo es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión franco de un hombre y una mujer de contraer enlace o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la grupo. La ley podrá determinar el patrimonio accesible inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la clan son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.

Cualquier forma de violencia en la comunidad se considera destructiva de su armonía y dispositivo, y será sancionada conforme a la ley.

Los hijos habidos en el bodorrio o fuera de él, adoptados o procreados lógicamente o con audiencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.

La pareja tiene derecho a osar expedito y responsablemente el núsimple de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

Las formas del enlace, la antigüedad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.

Los matrimonios religiosos tendrán existencias civiles en los términos que establezca la ley.

Los existencias civiles de todo desposorio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

También tendrán mercadería civiles las sentencias de inepto de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el dificultad y después del parto regocijarseá de particular auxilio y protección del Estado, y percibirá de éste subsidio nutritivo si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de modo peculiar a la mujer vanguardia de grupo.

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salubridad y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y patria, tener una grupo y no ser separados de ella, el cuidado y inclinación, la educación y la civilización, la recreación y la evadido expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de cesión, violencia física o ético, secuestro, traspaso, despotismo sexual, explotación gremial o económica y trabajos riesgosos. Deleitarseán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La tribu, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para asegurar su expansión armónico e integral y el control pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la inexperiencia.

ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la tribu concurrirán para la protección y la subvención de las personas de la tercera años y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les asegurará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio nutricio en caso de indigencia.

ARTICULO 47. El Estado precederá una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los fortuna de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

La ley concretará los medios para que los bienes destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

El Estado avalará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y encargarseá el cuota de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto constituyente, deberán estabilizar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

Sin perjuicio de los descuentos o deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de remunerar, congelarse o reducirse el valencia de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.

Para agenciarse el derecho a la pensión será necesario cumplir con la momento, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el renta necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para obtener el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema Militar de Pensiones.

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.

Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de detención peligro, serán los establecidos en las leyes del Sistema Universal de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido.

Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legítimo mensual actual. Sin incautación, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos capital que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión.

A partir de la vigencia del presente Acto Parlamentario, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo.

Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Constitucional no podrán aceptar más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para ceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el gratitud.

La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con exageración del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados.

Parágrafo 1o. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a medios de naturaleza pública.

Parágrafo 2o. A partir de la vigencia del presente Acto Constitucional no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema Normal de Pensiones.

Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Enseñanza en las disposiciones legales vigentes con antelación a la entrada en vigenci a de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema Genérico de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

Parágrafo transitorio 2o. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro diverso al establecido de forma permanente en las leyes del Sistema Militar de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010.

Parágrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen a la término de vigencia de este Acto Parlamento contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislador y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.

Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá prolongarse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Parlamentario, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.

Parágrafo transitorio 5o. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Doméstico se les aplicará el régimen de stop peligro contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con antelación a dicha término se aplicará el régimen hasta ese entonces vivo para dichas personas por razón de los riesgos de su bordado, este es el dispuesto para el sorpresa por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.

Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa ayer del 31 de julio de 2011, quienes aceptarán catorce (14) mesadas pensionales al año.

(Artículo modificado por Decreto 100 del 20 de Enero de 2005 y por Decretos 2545 and 2576 de Julio de 2005)

ARTICULO 49. La atención de la vigor y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el golpe a los servicios de promoción, protección y recuperación de la vitalidad.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salubridad a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de vigor por entidades privadas, y ejercitar su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de lozanía se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su vitalidad y la de su comunidad.

ARTICULO 50. Todo niño último de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a tomar atención gratuita en todas las instituciones de lozanía que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.

ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a desprendido plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

ARTICULO 52. El gimnasia del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor lozanía en el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen consumición público social.

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al usufructo del tiempo expedito.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, custodiará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

(Modificado por Acto Constituyente Núsimple 2 de 2000)

ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima optimista y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más propicio al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la ingenuidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el aprendizaje y el alivio necesario; protección singular a la mujer, a la maternidad y al trabajador beocio de existencia.

El estado garantiza el derecho al cuota oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la franqueza, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

ARTICULO 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación gremial de las personas en época de trabajar y respaldar a los minusválidos el derecho a un trabajo concorde con sus condiciones de vitalidad.

ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

ARTICULO 56. Se garantiza el derecho de huelga, incólume en los servicios públicos esenciales definidos por el parlamentario.

La ley reglamentará este derecho.

Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento.

ARTICULO 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas.

ARTICULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la aprieto por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el congresista, podrá acaecer expropiación mediante sentencia contencioso e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el diputado, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.

(Modificado por Acto Constitucional Núsolo 1 de 1999)

ARTICULO 59. En caso de pleito y sólo para atender a sus requerimientos, la requisito de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Doméstico sin previa indemnización.

En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las deyección de la disputa, o para destinar a ella sus productos.

El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

ARTICULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el paso a la propiedad.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para conseguir a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.

ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

ARTICULO 62. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el diputado, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar.

El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones.

ARTICULO 63. Los riqueza de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás intereses que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

ARTICULO 64. Es deber del Estado promover el llegada progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion, vigor, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, auxilio técnica y empresarial, con el fín de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

ARTICULO 65. La producción de alimentos copulará de la exclusivo protección del Estado. Para tal objetivo, se otorgará prioridad al progreso integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual guisa, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

ARTICULO 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se exploración el paso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás fondos y títulos de la civilización.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del círculo.

El Estado, la sociedad y la clan son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de tiempo y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y profesar la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación decente, intelectual y física de los educandos; certificar el adecuado cubrimiento del servicio y consolidar a los menores las condiciones necesarias para su comunicación y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Los padres de clan tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a admitir educación religiosa.

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.

ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen exclusivo para las universidades del Estado.

El Estado acorazará la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su avance.

El Estado favorecerá mecanismos financieros que hagan posible el paso de todas las personas aptas a la educación superior.

ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el llegada a la civilización de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad doméstico.

La civilización en sus diversas manifestaciones es fundamento de la ciudadanía. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el progreso y la difusión de los títulos culturales de la Nación.

ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de ampliación econóadefesio y social incluirán el fomento a las ciencias y, en normal, a la civilización. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros posesiones culturales que conforman la identidad doméstico, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

ARTICULO 73. La actividad periodística poseerá de protección para asegurar su franqueza e independencia profesional.

ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a penetrar a los documentos públicos a excepción de los casos que establezca la ley.

El secreto profesional es inviolable.

ARTICULO 75. El espectro electromagnético es un admisiblemente público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el ataque a su uso en los términos que fije la ley.

Para certificar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.

ARTICULO 76. Derogado

(Artículo derogado por Decreto 2887 de 2001)

ARTICULO 77. El Congreso de la República, a iniciativa del Gobierno, expedirá la ley que fijará la política en materia de televisión

(Artículo modificado por Decreto 2887 de 2001)

CAPITULO III – DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL Medio ambiente

ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de posesiones y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de caudal y servicios, atenten contra la salubridad, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado asegurará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para divertirse de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a poseer de un condición sano. La ley avalará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la complejidad e integridad del círculo, conservar las áreas de específico importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y utilización de los posibles naturales, para certificar su crecimiento sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá predisponer y controlar los factores de ofensa ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

ARTICULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al demarcación franquista de residuos nucleares y desechos tóxicos.

El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los posibles genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés franquista.

ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

CAPITULO IV – DE LA PROTECCION Y APLICACION DE LOS DERECHOS

ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten en presencia de éstas.

ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de guisa genérico, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su examen.

ARTICULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para pedir en presencia de los jueces, en todo momento y área, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección cifrará en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El arbitraje, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse en presencia de el enjuiciador competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa contencioso, menos que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte enfermo y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

ARTICULO 87. Toda persona podrá asistir delante la autoridad procesal para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto oficinista. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la sanidad públicos, la recatado administrativa, el esfera, la soberano competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un núúnico plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, explicará los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

ARTICULO 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás fortuna, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de agrupación o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.

ARTICULO 90. El Estado replicará patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

ARTICULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.

ARTICULO 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

El Estado Colombiano puede confesar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma recogido el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución.

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá mercancía exclusivamente interiormente del ámbito de la materia regulada en él.
* Modificado por el Acto Constituyente 2/2001. Fueron agregados incisos 3º y 4º.

ARTICULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

CAPITULO V – DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES

ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad franquista. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El adiestramiento de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

  1. Respetar los derechos ajenos y no violar de los propios;
  2. Ejecutar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias frente a situaciones que pongan en peligro la vida o la vitalidad de las personas;
  3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para sostener la independencia y la integridad nacionales.
  4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;
  5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
  6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
  7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la jurisprudencia;
  8. Proteger los posibles culturales y naturales del país y velar por la conservación de un medio ambiente sano;
  9. Contribuír al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado en el interior de conceptos de razón y equidad.

TITULO III – DE LOS HABITANTES Y DEL País

CAPITULO I – DE LA País

ARTICULO 96. Son nacionales colombianos:

1. Por partida:

a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la raíz hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del partida y;

b) Los hijos de padre o principio colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y fuego se domiciliaren en zona colombiano o registraren en una oficina consular de la República.

2. Por adopción:

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalizaci6n, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la patria colombiana por adopción;

b) Los Latinoamericanos y del Caribe por arranque domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos delante la municipalidad donde se establecieren, y;

c) Los miembros de los pueblos indígenas que comparten terr itorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

Ningún colombiano por origen podrá ser privado de su procedencia. La calidad de doméstico colombiano no se pierde por el hecho de obtener otra país. Los nacionales por adopci6n no estarán obligados a renunciar a su patria de origen o adopción.

Quienes hayan renunciado a la procedencia colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.
(Artículo modificado por Acto Constitucional 1/2002)_

ARTICULO 97. El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de franquista, que actúe contra los intereses del país en conflagración foráneo contra Colombia, será chancillería y penado como traidor.

Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas contra su país de origen; siquiera lo serán los colombianos nacionalizados en país extranjero, contra el país de su nueva ciudadanía.

CAPITULO II – DE LA CIUDADANIA

ARTICULO 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la patria, y su adiestramiento se puede suspender en virtud de decisión jurídico en los casos que determine la ley.

Quienes hayan sido suspendidos en el entrenamiento de la ciudadanía, podrán solicitar su rehabilitación.

PARAGRAFO. Mientras la ley no decida otra momento, la ciudadanía se ejercitará a partir de los dieciocho años.

ARTICULO 99. La calidad de ciudadano en deporte es condición previa e indispensable para cultivar el derecho de sufragio, para ser estimado y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.

CAPITULO III – DE LOS EXTRANJEROS

ARTICULO 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o desmentir el gimnasia de determinados derechos civiles a los extranjeros.

Así mismo, los extranjeros disfrutarán, en el distrito de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, aparte las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital.

CAPITULO IV – DEL División

ARTICULO 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.

Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.

Forman parte de Colombia, además del condado continental, el archipiécharca de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica monopolio, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a desatiendo de normas internacionales.

ARTICULO 102. El comarca, con los fortuna públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación.

TITULO IV – DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y DE LOS PARTIDOS POLITICOS

CAPITULO I

– DE LAS FORMAS DE PARTICIPACION DEMOCRATICA

ARTICULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en prueba de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo franco, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

ARTICULO 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto inclinado del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia doméstico. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.

ARTICULO 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto caudillo de la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para atreverse sobre asuntos de competencia del respectivo sección o municipio.

ARTICULO 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los casos que ésta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual está obligada a tramitarlos; atreverse sobre las disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; y nominar representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos internamente de la entidad territorial respectiva.

CAPITULO II – DE LOS PARTIDOS Y DE LOS MOVIMIENTOS POLITICOS

ARTICULO 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la facilidad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos con personería jurídica.

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y llegada a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos.

(Artículo modificado por Acto Parlamentario Núúnico 1 de 2003)

ARTICULO 108. El Consejo Franquista Electoral explorará personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el demarcación doméstico en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen anormal que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías, en las cuales alcanzará poseer obtenido representación en el Congreso.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos mercadería por el respectivo representante admitido del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos.

Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o ciudadano ejecutarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas.

Los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o regidor por el resto del período para el cual fue predilecto.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica reconocida actualmente y con representación en el Congreso, conservarán tal personería hasta las siguientes elecciones de Congreso que se realicen con posterioridad a la promulgación del presente Acto Constitucional, de cuyos resultados subordinarseá que la conserven de acuerdo con las reglas dispuestas en la Constitución.

Para posesiones de participar en cualquiera de las elecciones que se realicen desde la entrada en vigencia de esta Reforma hasta las siguientes elecciones de Congreso, los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso podrán agruparse siempre que cumplan con los requisitos de votación exigidos en la presente Reforma para la obtención de las personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos y obtengan personería jurídica que reemplazará a la de quienes se agrupen. La nueva agrupación así constituida divertirseá de los beneficios y cumplirá las obligaciones, consagrados en la Constitución para los partidos y movimientos políticos en materia electoral.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Un núexclusivo plural de Senadores o Representantes a la Cámara, cuya sumatoria de votos en las pasadas elecciones de Congreso hayan obtenido más del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos para Sena do de la República en el División Franquista, podrán solicitar el inspección de la Personería jurídica de partido o movimiento político. Esta norma regirá por tres (3) meses a partir de su promulgación.

(Artículo modificado por Acto Asamblea Núexclusivo 1 de 2003)

ARTICULO 109. El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con bienes estatales mediante el sistema de reposición por votos depositados.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.

También se podrá delimitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Las campañas para nominar Presidente de la República dispondrán de golpe a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radiodifusión y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el emoción, determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto constitucional, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás posesiones por la violación de este precepto.

Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el convexidad, origen y destino de sus ingresos.

PARÁGRAFO. La financiación anual de los partidos y movimientos políticos con Personería Jurídica ascenderá como mínimo a dos punto siete veces la aportada en el año 2003, manteniendo su valía en el tiempo.

La cuantía de la financiación de las campañas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica será por lo menos tres veces la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. Ello incluye el costo del transporte del día de elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy financiadas.

Las consultas populares internas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo aceptarán financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, manteniendo para ello el valía en pesos constantes válido en el momento de aprobación de este Acto Constituyente.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso reglamentará estas materias. En lo concerniente a las elecciones departamentales y municipales, tal reglamentación deberá estar directorio a más tardar tres meses ayer de su realización. Si no lo hiciere, el Gobierno Doméstico dictará un decreto con fuerza de ley antaño del falleba de las inscripciones correspondientes.

(Artículo modificado por Acto Constitucional Núpuro 1 de 2003)

ARTICULO 110. Se prohibe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, omitido las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura.

ARTICULO 111. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, en todo tiempo, conforme a la ley. Ella establecerá así mismo los casos y la forma como los partidos, los movimientos políticos y los candidatos debidamente inscritos, tendrán paso a dichos medios.

(Artículo modificado por Acto Constitucional Núexclusivo 1 de 2003)

CAPITULO III – DEL ESTATUTO DE LA OPOSICION

ARTICULO 112. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán desempeñar independientemente la función crítica frente a este, y exponer y desarrollar alternativas políticas. Para estos mercadería, se les certificarán los siguientes derechos: el entrada a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia.

(Artículo modificado por Acto Parlamento Núúnico 1 de 2003)

TITULO V – DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO

CAPITULO I – DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

ARTICULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la legislativo.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

ARTICULO 114. Corresponde al Congreso de la República rehacer la Constitución, hacer las leyes y desempeñar control político sobre el gobierno y la administración.

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.

ARTICULO 115. El Presidente de la República es Director del Estado, Jerarca del Gobierno y suprema autoridad administrativa.

El Gobierno Doméstico está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o Director de Unidad correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.

Ningún acto del Presidente, excepto el de designación y remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Dirigente del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valía ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Área Oficinista correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.

Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendecias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva.

ARTICULO 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Honradez, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía Universal de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Rectitud. También lo hace la Ecuanimidad Penal Marcial.

El Congreso cultivará determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función municipal en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin bloqueo no les será permitido ir en cabeza la instrucción de sumarios ni decidir delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de llevar la batuta honestidad en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
(Modificado por Acto Legislador Núpuro 3 de 2002)

ARTICULO 117. El Empleo Público y la Contraloría Militar de la República son órganos de control.

ARTICULO 118. El Ocupación Público será ejercido por el Procurador Caudillo de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del tarea público, en presencia de las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ocupación Público corresponde la vigilante y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

ARTICULO 119. La Contraloría Normal de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

ARTICULO 120. La Organización Electoral estará conformada por el Tribunal Franquista Electoral, por la Registraduría Franquista del Estado Civil y por el Comité Doméstico de Vigilancia Electoral. La Registraduría Franquista del Estado Civil tendrá a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas, con el sistema electrónico o biométrico.

PARÁGRAFO. La ley reglamentará la composición y funciones del Tribunal Franquista Electoral y el Comité Doméstico de Vigilancia, los cuales tendrán una conformación pluralista.

(Modificado por Decreto 99 de 2003)

ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá cultivar funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

CAPITULO II – DE LA FUNCION PUBLICA

ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a practicar su cargo sin prestar compromiso de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

Ayer de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá determinar, bajo taco, el monto de sus ingresos y rentas.

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público.

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Siquiera quien haya transmitido zona, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia legal ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, ileso que asuma con cargo a su patrimonio el valencia del daño.

(Modificado por Ley 796 de 2003)
(Modificado por Acto Asamblea Núexclusivo 1 de 2004- modificación inciso 5)

ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; desempeñarán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su examen.

ARTICULO 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la guisa de hacerla efectiva.

ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de evadido nominación y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Todos los servidores públicos serán designados por concurso público de méritos, aparte aquellos respecto de quienes la Constitución o la ley establezca un mecanismo de designación particular. De esta disposición quedan exceptuados los ministros, los viceministros, los jefes de sección burócrata, los secretarios de despachos departamentales y municipales y los gerentes o directores de las entidades descentralizadas de todo orden.

El ingreso a los cargos de carrera y el medra en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su proclamación para un empleo de carrera, su mejora o remoción.

PARÁGRAFO. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para habitar tales cargos, en reemplazo por desliz absoluta de su titular, lo harán por cl resto del período para el cual este fue favorito.

(Parágrafo adicionado por Acto Parlamento Núsimple 1 de 2003)

PARÁGRAFO 2o. La desvinculación de un cargo, no remueve la inhabilidad del funcionario para postularse como candidato a cualquier cargo cuya elección se realice durante el período para el cual fue escogido o popular.

Nadie podrá desempeñar funciones en más de una corporación o cargo público, ni en una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad.

(Modificado por Decreto 99 de 2003)

ARTICULO 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto extremo de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por casorio o unión permanente. Siquiera podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o progreso por méritos.

ARTICULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, acuerdo alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren medios públicos, menos las excepciones legales.

A los empleados del Estado que se desempeñen en los órganos legislativo, electoral, de control, y organismos de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de profesar autónomamente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución.

Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria.

La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta.

Cuando el Presidente y el Vicepresidente de la República presenten sus candidaturas, solo podrán participar en las campañas electorales desde el momento de su inscripción. En todo caso dicha participación solo podrá darse desde los cuatro (4) meses anteriores a la término de la primera reverso de la elección presidencial, y se extenderá hasta la aniversario de la segunda dorso en caso de que la hubiere. La Ley Estatutaria establecerá los términos y condiciones en los cuales, antiguamente de ese falta, el Presidente o el Vicepresidente podrán participar en los mecanismos democráticos de selección de los candidatos de los partidos o movimientos políticos.

Durante la campaña, el Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán utilizar intereses del Estado o medios del Caudal Público, distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Se exceptúan los destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos y a su protección personal, en los términos que señale la Ley Estatutaria.

(Artículo modificado por Decreto 2310 de 2004)

ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni cobrar más de una asignación que provenga del fortuna público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, ileso los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por reservas público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

ARTICULO 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno.

ARTICULO 130. Habrá una Comisión Doméstico del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter específico.

ARTICULO 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen profesional para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación particular de las notarías, con destino a la administración de razón.

El proclamación de los notarios en propiedad se hará mediante concurso.

Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del núúnico de notarios y oficinas de registro.

TITULO VI – DE LA RAMA LEGISLATIVA

CAPITULO I – DE LA COMPOSICION Y LAS FUNCIONES

ARTICULO 132. Los senadores y los representantes serán elegidos para un período de cuatro años, que se inicia el 20 de julio subsiguiente a la elección.

ARTICULO 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán realizar consultando la probidad y el correctamente común.

El preferido por voto popular en cualquier corporación pública, es responsable en presencia de la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Su voto, aparte para asuntos de único trámite, será nominativo y público.

(Modificado por Ley 796 de 2003)

ARTICULO 134. Los miembros de corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Las vacancias por sus faltas absolutas serán suplidas por los candidatos no elegidos de su misma relación, según el orden de inscripción en ella. La renuncia voluntaria no producirá como objetivo el ingreso a la corporación de quien debería suplirlo.

(Modificado por Acto Constituyente Núpuro 3 de 1993 y por Ley 796 de 2003)

ARTICULO 135. Son facultades de cada Cámara:

  1. Nominar sus mesas directivas.
  2. Nominar al Secretario Universal para períodos de cuatro (4) años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva cámara.
  3. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, menos lo dispuesto en el númeral 2 del Artículo próximo.
  4. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los congresistas a los Ministros y a las respuestas de éstos. El reglamento regulará la materia.
  5. Proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones.
  6. Alcanzar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus atribuciones.
  7. Organizar su Policía interior.
  8. En adiestramiento del control político: Proponer moción de censura respecto de los Ministros, directores de Sección Oficinista, los presidentes de las Empresas Industriales y Comerciales del E stado, los directores y miembros de las juntas de los Organismos Autónomos e Independientes del Estado y los directores de Institutos Descentralizados del orden Franquista, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere oficio a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, en Congreso pleno, con audiencia de los funcionarios respectivos. Una aprobación requerirá la maduroía absoluta de los integrantes de cada cámara. Una vez aprobada, el funcionario estará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.
    Como sanción, la moción de censura tiene carácter individual y mientras este procedimiento se encuentre en trámite, no será admisible ni la presentación ni la aceptación de la renuncia al cargo.
  9. Citar y requerir a los Ministros, Directores de Sección Oficial y Directores de Institutos Descentralizados del Orden Doméstico y los Directores y Miembros de las Juntas de los Organismos Autónomos e independientes del Estado para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no último de cinco (5) días y formularse precisando el objeto de la citación. En caso de que los funcionarios no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva cámara, esta podrá proponer moción de censura. Los funcionarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados. El debate no podrá tirarse a asuntos ajenos al objeto de la sesión y deberá encabezar el orden del día de la misma.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para intención de lo dispuesto en el numeral 2 del presente artículo, el período comenzará a regir a partir del 20 de julio de 2002.

(Modificado por Decreto 99 de 2003 – Modificación incisos 2, 4, 8 y 9)

ARTICULO 136. Se prohibe al Congreso y a cada una de sus Cámaras:

  1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.
  2. Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado.
  3. Dar votos de aplauso a los actos oficiales.
  4. Decretar a valimiento de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente.
  5. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.
  6. Autorizar viajes al extranjero con monises del tesoro, aparte en cumplimiento de las misiones específicas, estrictamente relacionadas con la misión congresual, aprobadas por las tres cuartas partes de los miembros de la respectiva cámara, mediante votación nominativo.
  7. Internamente de los cinco días siguientes a su regreso al país, los comisionados deberán entregar a la Presidencia de la Cámara a la cual pertenezcan, un noticia escrito sobre la gestión adelantada. Copia de este referencia deberá ser entregado a la Procuraduría Común de la Nación y a la Contraloría Militar de la República adentro del mismo plazo. El documentación tendrá carácter público.

(Modificado por Decreto 99 de 2003 – Modificación numeral 6 y adición numeral 7)

ARTICULO 137. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión específico rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo palabra, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión delante.

Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, despues de oirlos, resolverá sobre el particular en un plazo de diez días, bajo estricta reserva.

La renuencia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por la comisión con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las autoridades.

Si en el incremento de la investigación se requiere, para su perfeccionamiento, o para la persecución de posibles infractores penales, la intervención de otras autoridades, se las exhortará para lo pertinente.

CAPITULO II – DE LA REUNION Y EL FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 138. El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una sola vigencia. El primer período de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio.

Si por cualquier causa no pudiere reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible, en el interior de los períodos respectivos.

También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias, por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que éste señale.

En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá profesar en todo tiempo.

ARTICULO 139. Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el Presidente de la República, sin que esta ceremonia, en el primer evento, sea esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones.

ARTICULO 140. El Congreso tiene su sede en la caudal de la República.

Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro oportunidad y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado.

ARTICULO 141. El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para acoger a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, para nominar Contralor Universal de la República y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así como lanzarse sobre la moción de censura, con arreglo al artículo 135.

En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente Presidente y Vicepresidente del Congreso.

ARTICULO 142. Cada Cámara designará, para el respectivo período constitucional, comisiones permanentes que tramitarán en primer debate los proyectos de acto asamblea o de ley.

La ley determinará el núexclusivo de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una deberá ocuparse.

Cuando sesionen conjuntamente las Comisiones Constitucionales Permanentes, el quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las comisiones individualmente consideradas.

ARTICULO 143. El Senado de la República y la Cámara de Representantes podrán disponer que cualquiera de las comisiones permanentes sesione durante el desvío, con el fin de combatir los asuntos que hubieren quedado pendientes en el período mencionado, de realizar los estudios que la corporación respectiva determine y de preparar los proyectos que las Cámaras les encarguen.

ARTICULO 144. Las sesiones de las Cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya ocasión conforme a su reglamento.

ARTICULO 145. El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán rasgar sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la cooperación de la maduroía de los integrantes de la respectiva corporación, excepto que la Constitución determine un quórum diferente.

ARTICULO 146. En el Congreso pleno, en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la ancianoía de los votos de los asistentes, indemne que la Constitución exija expresamente una viejoía distinto.

ARTICULO 147. Las mesas directivas de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas cada año, para la asamblea que se inicia el 20 de julio, y nadie de sus miembros podrá ser reelegido internamente del mismo cuatrienio constitucional.

ARTICULO 148. Las normas sobre quórum y veteranoías decisorias regirán también para las demás corporaciones públicas de elección popular.

ARTICULO 149. Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercitar funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles impresión alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes.

CAPITULO III – DE LAS LEYES

ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

  1. Interpretar, arreglar y derogar las leyes.
  2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y enmendar sus disposiciones.
  3. Aprobar el plan doméstico de crecimiento y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los bienes y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.
  4. Determinar la división genérico del zona con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.
  5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales.
  6. Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública, la flagrante residencia de los altos poderes nacionales.
  7. Determinar la estructura de la administración franquista y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden franquista, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales internamente de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta.
  8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el entrenamiento de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.
  9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar beneficios nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el examen de estas autorizaciones.
  10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la exigencia lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la ancianoía absoluta de los miembros de una y otra Cámara.
    El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.
    Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.
  11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.
  12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.
  13. Determinar la moneda permitido, la convertibilidad y el inteligencia de su poder liberatorio, y arreglar el sistema de mancuerna y medidas.
  14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente falta doméstico, hubiere celebrado el Presidente de la República, con particulares, compañías o entidades públicas, sin autorización previa.
  15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la nación.
  16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia doméstico, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
  17. Conceder, por decanoía de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado citarseá obligado a las indemnizaciones a que hubiere circunscripción.
  18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías.
  19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes artículos:
    1. Organizar el crédito público;
    2. Regular el comercio foráneo y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Sociedad Directiva del Bandada de la República;
    3. Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas;
    4. Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, rendimiento e inversión de los posibles captados del público;
    5. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Franquista y la Fuerza Pública;
    6. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.
      Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las Corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas.
  20. Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras.
  21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la facilidad económica.
  22. Expedir las leyes relacionadas con el Porción de la República y con las funciones que compete desempeñar a su Unión Directiva.
  23. Expedir las leyes que regirán el adiestramiento de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.
  24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.
  25. Equiparar las normas sobre policía de tránsito en todo el departamento de la República.
    Compete al Congreso expedir el estatuto universal de contratación de la administración pública y en singular de la administración franquista.

    PARÁGRAFO transitorio. Internamente de los 18 meses siguientes a la promulgación de este acto legal el Congreso de la República, expedirá un nuevo estatuto de la contratación administrativa. De no expedirlo el Congreso interiormente de este término, el Gobierno Doméstico lo expedirá adentro de los seis (6) meses siguientes.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el adiestramiento de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan universal de explicación, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la maduroía absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara.

    ARTICULO 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias:

    a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y fortuna para su protección;

    b) Administración de jurisprudencia;

    c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales;

    d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.

    e) Estados de excepción.

    f) Un sistema que garantice la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Gobierno Doméstico o los miembros del Congreso presentarán, antiguamente del 1o de marzo de 2005, un Tesina de Ley Estatutaria que desarrolle el exacto f) del artículo 152 de la Constitución y regule además, entre otras, las siguientes materias: Garantías a la oposición, participación en política de servidores públicos, derecho al llegada equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, derecho de réplica en condiciones de equidad cuando el Presidente de la República sea candidato y normas sobre inhabilidades para candidatos a la Presidencia de la República.

    El esquema tendrá mensaje de emergencia y podrá ser objeto de mensaje de insistencia si fuere necesario. El Congreso de la República expedirá la Ley Estatutaria antiguamente del 20 de junio de 2005. Se reducen a la parte los términos para la revisión previa de exequibilidad del Plan de Ley Estatutaria, por parte de la Corte Constitucional.

    Si el Congreso no expidiere la ley en el término señrápido o el tesina fuere concreto inexequible por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en un plazo de dos (2) meses reglamentará transitoriamente la materia.

    (Artículo Modificado por Decreto 2310 de 2004)

    ARTICULO 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la veteranoía absoluta de los miembros del Congreso y deberá llevarse a cabo internamente de una sola reunión.

    Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del plan. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla.

    ARTICULO 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Franquista, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.

    No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

    Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno.

    Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.

    ARTICULO 155. Podrán presentar proyectos de ley, un núsimple de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento (5%) del censo electoral existente en la momento respectiva o el quince por ciento (15%) de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de emergencia.

    Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite.

    (Artículo Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 156. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Imparcialidad, el Consejo de Estado, el Consejo Doméstico Electoral, el Procurador Común de la Nación, el Contralor Común de la República, tienen la talento de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.

    ARTICULO 157. Ningún tesina será ley sin los requisitos siguientes:

    1. Ocurrir sido publicado oficialmente por el Congreso, antaño de darle curso en la comisión respectiva.
    2. Poseer sido ratificado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras.
    3. Poseer sido consentido en cada Cámara en segundo debate.
    4. Activo obtenido la sanción del Gobierno.

    ARTICULO 158. Todo plan de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión repelerá las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables delante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se difundirá en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.

    ARTICULO 159. El tesina de ley que hubiere sido incapaz en primer debate podrá ser considerado por la respectiva cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular.

    ARTICULO 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un desliz no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación de un tesina en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince (15) días.

    Ningún tesina será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un tesina será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.

    Siempre deberá dejarse constancia del núúnico de votos emitidos a honra o en contra de todo plan. El voto será nominativo. Igual procedimiento se seguirá con aquellos temas nuevos que se pretendan someter a votación.

    Durante el segundo debate, las cámaras podrán introducir al esquema las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias, sobre aspectos o temas ya incluidos en el plan suficiente en primer debate. Estas modificaciones, adiciones y supresiones requerirán para su aprobación el voto afirmativo de la maduroía de los miembros de la respectiva cámara. Si la propuesta no obtuviere dicha veteranoía, el autor o ponente podrán solicitar a la mesa directiva, el envío de la propuesta a la comisión permanente en la cual surtió el primer debate para su discusión internamente de los cinco (5) días siguientes. Durante el trámite a que se refiere este inciso, se suspenderá el término a que se refiere la parte final del artículo 162 de la Constitución.

    Todo plan de ley o de acto asamblea deberá tener referencia de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente.

    PARÁGRAFO. Con el fin de promover la participación ciudadana en el debate parlamento, entre el primero y el segundo debate y en la discusión de los proyectos de leyes estatutarias, las comisiones respectivas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, podrán reunirse conjuntamente por un período no inferior a tres (3) días y no superior de ocho (8), con el fin de realizar audiencias públicas que permitan una adecuada participación de las organizaciones sociales, políticas, gremiales o sindicales, en el trámite respectivo.

    El reglamento del Congreso regulará la materia y podrá hacer extensiva la celebración de la audiencia a otros casos distintos al previsto en el presente artículo.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 161. Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un tesina, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo núsolo de Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar los textos, y en caso de no ser posible, constreñirán por viejoía.

    Previa publicación por lo menos con un día de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y aprobación de las respectivas plenarias. Si después de la repetición del segundo debate persiste la diferencia, se considera obtuso el tesina.

    (Artículo modificado por Acto Constitucional Núpuro 1 de 2003)

    ARTICULO 162. Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una plazo y que hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la sucesivo, en el estado en que se encuentren. Ningún tesina podrá ser considerado en más de dos legislaturas.

    ARTICULO 163. El Presidente de la República podrá solicitar trámite de aprieto para cualquier esquema de ley. En tal caso, la respectiva cámara deberá osar sobre el mismo internamente del plazo de treinta días. Aun interiormente de este errata, la manifestación de emergencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del esquema. Si el Presidente insistiere en la emergencia, el esquema tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él.

    Si el plan de ley a que se refiere el mensaje de necesidad se encuentra al estudio de una comisión permanente, ésta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra cámara para darle primer debate.

    ARTICULO 164. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el Gobierno.

    ARTICULO 165. Ratificado un tesina de ley por ambas cámaras, acontecerá al Gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen.

    ARTICULO 166. El Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier plan cuando no conste de más de vigésimo artículos; de diez días, cuando el esquema contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de vigésimo días cuando los artículos sean más de cincuenta.

    Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el plan con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo.

    Si las cámaras entran en separación en el interior de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de divulgar el tesina sancionado u objetado adentro de aquellos plazos.

    ARTICULO 167. El plan de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno retornará a las cámaras a segundo debate.

    El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el plan que, reconsiderado, fuere apto por la veteranoía absoluta de los miembros de una y otra cámara.

    Exceptúase el caso en que el plan fuere objetado por inconstitucional.

    En tal evento, si las cámaras insistieren, el esquema producirseá a la Corte Constitucional para que ella, interiormente de los seis (6) días siguientes, decida sobre su exequibilidad. El arbitraje de la Corte obliga al presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se catalogará el plan.

    Si la Corte considera que el esquema es parcialmente inexequible, así lo indicará a la cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el voto de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el tesina para equivocación definitivo.

    El Presidente de la República no podrá contradecir por razones de conveniencia un tesina de ley, cuando dichas razones no hayan sido expresadas por alguno de los Ministros del despacho, en el transcurso del trámite parlamento correspondiente, ileso cuando los motivos de inconveniencia se presenten con posterioridad a dicho trámite.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 168. Si el Presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso.

    ARTICULO 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y a su texto precederá esta fórmula:

    “El Congreso de Colombia, DECRETA”.

    ARTICULO 170. Un núsimple de ciudadanos equivalente a la décima parte del censo electoral, podrá solicitar delante la organización electoral la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley.

    La ley concluirá derogada si así lo determina la fracción más uno de los votantes que concurran al acto de consulta, siempre y cuando participe en éste una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral.

    No procede el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias.

    CAPITULO IV – DEL SENADO

    ARTICULO 171. El Senado de la República estará integrado por ochenta y tres (83) senadores, elegidos de la posterior forma: setenta y ocho (78) elegidos, en circunscripción doméstico, dos (2) elegidos en circunscripción franquista peculiar por comunidades indígenas, y tres (3) en circunscripción doméstico peculiar de minorías políticas.

    Para la asignación de curules en la circunscripción doméstico, sólo se tendrán en cuenta las listas que obtengan al menos el dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente. Para la asignación de curules entre las listas que superen este paso, se aplicará el sistema de número repartidora, definido en el artículo 263 de la Constitución Política, tomando como almohadilla para el cálculo solamente el total de votos válidos obtenidos por estas listas.

    Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el foráneo podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. La circunscripción específico para la elección de senadores por las comunidades indígenas, se determinará por el sistema de sigla repartidora, definido en el artículo 263 de la Constitución Política. Los representantes de las comunidades indígenas, que aspiren a integrar el Senado de la República, deben poseer ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad, o suceder sido líderes de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Profesión del Interior.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO. Si transcurrido un año de vigencia de la presente reforma constitucional, el Congreso no hubiere admitido la ley para la elección de minorías políticas, el Presidente de la República la expedirá por decreto en los tres meses siguientes.

    (Modificado por Ley 796 de 2003)

    ARTICULO 172. Para ser favorito senador se requiere ser colombiano de salida, ciudadano en adiestramiento y tener más de treinta años de permanencia en la aniversario de la elección.

    ARTICULO 173. Son atribuciones del Senado:

    1. Albergar o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente.
    2. Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más detención graduación.
    3. Conceder abuso al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y atreverse sobre las excusas del Vicepresidente para cultivar la Presidencia de la República.
    4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el división de la República.
    5. Autorizar al Gobierno para fallar la aniquilamiento a otra nación.
    6. Nominar a los magistrados de la Corte Constitucional.
    7. Nominar al Procurador Universal de la Nación.

    ARTICULO 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Neutralidad, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal Caudillo de la Nación, aunque hubieren cesado en el deporte de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

    (Modificado por Decreto 1500 de 2002)

    ARTICULO 175. En los juicios que se sigan en presencia de el Senado, se observarán estas reglas:

    1. El destacado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida.
    2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en control de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá cordura criminal delante la Corte Suprema de Honestidad, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.
    3. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se lindará a determinar si hay o no circunscripción a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al pronunciado a disposición de la Corte Suprema.
    4. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el querella y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los Senadores presentes.

    CAPITULO V – DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

    ARTICULO 176. La Cámara de Representantes se designará en circunscripciones territoriales y especiales.

    Para la elección de Representantes a la Cámara, cada sección y el Distrito Caudal de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.

    La Cámara de Representantes estará integrada por 166 Representantes. Los departamentos y el Distrito Hacienda Bogotá, eligirán 161 miembros, de la subsiguiente guisa:

    Entidad Tertorial – No de Curules

    ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SNTA CATALINA – 2

    VALLE DEL CAUCA – 13

    La ley podrá establecer una circunscripción exclusivo para apoyar la participación en la Cámara de Representates de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos en el exógeno. Mediante esta circunscripción se podrá designar hasta cinco (5) Representantes.

    PARÁGRAFO transitorio. El Congreso de la República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2005, caso contrario, lo hará el Gobierno Franquista en el interior de los quince (15) días siguientes a esa data; incluirá entre otros temas: inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados para sufragar en el extranjero, mecanismos para promover la participación y realización del recuento de votos a través de los Consulados y financiación estatal para visitas al exógeno por parte del Representante escogido.

    (Modificado por Decreto 617 del 7 de Marzo de 2005 y por Decreto 2545 de 2005)

    ARTICULO 177. Para ser favorito representante se requiere ser ciudadano en examen y tener más de veinticinco años de momento en la término de la elección.

    ARTICULO 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales:

    1. Nominar al Defensor del Pueblo.
    2. Examinar y fenecer la cuenta normal del presupuesto y del riquezas que le presente el Contralor Genérico de la República.
    3. Imputar delante el Senado cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los Magistrados de la Corte Suprema de Honradez, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, a los Miembros del Consejo Superior de la Judicatura, al Fiscal Genérico de la Nación, al Procurador Universal de la Nación y al Contralor Caudillo de la República.
    4. Conocer de las denuncias y quejas que delante ella se presenten por el Fiscal Genérico de la Nación o por los particulares frente a los expresados funcionarios y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación en presencia de el Senado.
    5. Requerir el auxilio de otras autoridades para el exposición de las investigaciones que le competen, y facultar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente.

    (Modificado por Decreto 1500 de 2002)

    CAPITULO VI – DE LOS CONGRESISTAS

    ARTICULO 179. No podrán ser congresistas:

    1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia legal, a pena privativa de la decisión, excepto por delitos políticos o culposos.
    2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o marcial, internamente de los doce meses anteriores a la época de la elección.
    3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios delante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas e interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, en el interior de los seis meses anteriores a la aniversario de la elección.
    4. Quienes hayan perdido la inv estidura de congresista, diputado, concejal o munícipe.
    5. Quienes tengan vínculos por bodorrio, o unión permanente, o de parentesco en tercer límite de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.
    6. Quienes estén vinculados entre sí por himeneo, o unión permanente, o parentesco adentro del tercer fracción de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o corro para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma momento.
    7. Quienes tengan doble país, exceptuando los colombianos por partida.
    8. Nadie podrá ser seleccionado para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO. Lo dispuesto en el numeral 8 del presente artículo no se aplicará a quienes hubiesen renunciado con prioridad a la vigencia del presente Acto Legislador.

    Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan circunscripción en la circunscripción en la cual deba cumplimentarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones.

    Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción doméstico coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003 – Modificación numerales 2,3 y 4)
    (Modificado por Acto Parlamentario Núexclusivo 1 de 2003 – Modificación numeral 8)

    ARTICULO 180. Los congresistas no podrán:

    1. Desempeñar cargo o empleo público o privado, excepto los cargos de ministro del despacho o embajador, para lo cual deberá renunciar a su investidura de Congresista.
    2. Ejecutar, en nombre propio o aparente, asuntos en presencia de las entidades públicas o frente a las personas que administren tributos, ser apoderados frente a las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, pacto alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición.
    3. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.
    4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de acervo o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones.
    5. Participar, bajo ninguna circunstancia, individual o colectivamente, en las funciones administrativas del Congreso, ileso para la conformación de su Pelotón de Trabajo Parlamentario. Los servicios técnicos y administrativos de las Cámaras Legislativas estarán a cargo de una entidad pública o privada, que profesará sus funciones con plena autonomía, conforme lo establezca la ley.

    PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el gimnasia de la cátedra universitaria y el desempeño de los cargos de Ministros de Despacho y de Embajador. Si un Congresista fuere popular en uno de estos cargos, cesará en aquella condición por el resto del periodo constitucional respectivo, siempre y cuando se haya posesionado del cargo.

    (Modificado por Decreto 1718 de 2001)

    PARAGRAFO 2o. El funcionario que en contravención del presente artículo, nombre a un Congresista para un empleo o cargo o celebre con él un entendimiento o acepte que actúe como apoderado en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta.

    (Modificado por Ley 796 de 2003 – Adición numeral 5 / Modificado por Decreto 99 de 2003 – modificación numeral 1)

    ARTICULO 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año futuro a su aceptación, si el errata que faltare para el vencimiento del período fuere superior.

    Quien fuere llamado a instalarse el cargo, resultará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.

    ARTICULO 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva cámara las situaciones de carácter íntegro o econóadefesio que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.

    Cuando el Congreso de la República vote en Comisión o Plenaria Actos Legislativos no habrá circunscripción a conflicto de intereses. Siquiera lo habrá cuando se vote una ley que convoca a una Asamblea Constituyente o a un Referendo para reordenar la Constitución.

    (Modificado por Decreto 1500 de 2002)

    ARTICULO 183. Los congresistas, los diputados, los concejales y cualquier otro miembro de corporación elegida popularmente, perderán su investidura:

    1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.
    2. Por la inasistencia sin causa justificada en un mismo período ordinario de sesiones, a seis (6) reuniones plenarias, o de la respectiva Comisión Constitucional, que hubieren sido citadas para sufragar proyectos de acto parlamentario, de ley, de estatuto, de acuerdo, mociones de censura, o elección de funcionarios. En el caso de las Asambleas y Concejos se refiere a sus comisiones.
    3. Por no tomar posesión del cargo en el interior de los ocho (8) días siguientes a la plazo de instalación de la respectiva corporación, o a la término en que fueran llamados a pos esionarse.
    4. Por indebida destinación de dineros públicos.
    5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
    6. Por violar el régimen de financiación de las campañas electorales, por negociar votos, o por participar en prácticas de trashumancia electoral.
    7. Por celebrar o ejecutar cualquier acuerdo que hubiere tenido por objeto el ingreso a la Corporación de quien deba sustituirlos, o por alegar como motivo para retirarse de la misma una incapacidad absoluta o una renuncia que se probaren injustificadas. En caso de acuerdos perderán la investidura las partes involucradas.
    8. Por ejecutar o aceptar auxilios con bienes públicos, cualquiera que hubiese sido su forma de aprobación o ejecución.

    PARÁGRAFO 1o. El servidor público que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas a uno o más Congresistas diputados o concejales a cambio de la aprobación de un plan de acto constituyente o ley, norma o acuerdo será sancionado por desidia gravísima que acarrea pérdida de empleo.

    PARÁGRAFO 2o. La ley reglamentará las causales de pérdida de investidura de los miembros de las corporaciones públicas, para certificar los principios de proporcionalidad, justicia, correcto proceso y culpabilidad. Igualmente, fijará el procedimiento para tramitarla y dispondrá una veteranoía calificada para imponer la sanción y su graduación, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Esta disposición no tendrá bienes retroactivos.

    Facúltese al Presidente de la República para que, en el término de 90 días, contados a partir de la entrada en vigencia de esta reforma constitucional, mediante decreto con fuerza de ley, adopte las disposiciones contenidas en el presente artículo.

    PARÁGRAFO 3o. El servidor público que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas a un congresista, diputado, o concejal, a cambio de la aprobación de un tesina de acto constitucional, ley, ordenamiento, o acuerdo, será sancionado por yerro gravísima con pérdida de empleo.

    (Artículo modificado por Ley 796 de 2003 – modificación numerales 2, 3, 6 y 7; parágrafo 2 y adición parágrafo 3)
    Artículo modificado por Decreto 99 de 2003 – adición numeral 8 y Parágrafos 1 y 2 /

    ARTICULO 184. La pérdida de investidura será decretada por el Consejo de Estado, Sala Electoral en primera instancia, y Consejo en Pleno en segunda, en un término no maduro a noventa (90) días hábiles, contados a partir de la solicitud formulada por la Mesa Directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.

    La ley señalará el procedimiento para tramitarla con observancia del adecuado proceso y diplomará la duración de la sanción en garantía del principio de proporcionalidad.

    (Artículo modificado por Decreto 1500 de 2002)

    ARTICULO 185. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el gimnasia del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo.

    ARTICULO 186. De los delitos que cometan los congresistas conocerán como investigador y acusador la Fiscalía Genérico de la Nación previa petición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Neutralidad de conformidad con la ley, a través del señor Fiscal Militar o su delegado en presencia de la Corte, y como decisivo en primera instancia la Sala Penal de la Corte Suprema de Probidad y en segunda instancia la Sala Plena de la Corte Suprema de Conciencia.

    (Artculo modificado por Decreto 1500 de 2002)

    ARTICULO 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el intención expida el Contralor Militar de la República.

    A partir de la vigencia de la presente reforma constitucional, la persona que adquiera el derecho a pensionarse no podrá recibi r con cargo a bienes de naturaleza pública, una pensión superior a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se exceptúan quienes tengan derechos adquiridos y quienes estén amparados por los regímenes pensionales exceptuados y especiales.

    La vigencia de los regímenes pensionales exceptuados, especiales, o provenientes de normas y acuerdos entre nacionales de cualquier naturaleza, expirará el 31 de diciembre de 2007, con excepción del régimen pensional de los Presidentes de la República que tendrá poder desde la vencimiento de entrada de la presente reforma constitucional.

    El régimen de transición será reglamentado por la ley del Sistema Genérico de Pensiones.

    Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, a partir de la vigencia de la presente reforma constitucional, con las excepciones temporales anteriores, serán los establecidos en la ley del Sistema Normal de Pensiones. No podrá dictarse disposición alguna o invocarse acuerdos entre nacionales, de ninguna naturaleza, para apartarse de lo allí establecido.

    Con las excepciones previstas en la ley del Sistema Normal de Pensiones, a partir de la vigencia de la presente reforma constitucional, no podrán reconocerse pensiones de vejez o jubilación a personas con menos de 55 años de época.

    La Ley Caudillo de Pensiones ordenará la revisión de las pensiones decretadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, o con exageración del derecho.

    A partir del 1° de enero del año 2005, y hasta diciembre de 2006, no se incrementarán los salarios y pensiones de los servidores públicos, o de aquellas personas cuyos salarios y pensiones se paguen con posibles públicos, en los dos casos cuando devenguen más de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

    Se excluye de esta disposición el régimen reglamentario para los miembros de la Fuerza Pública.

    (Mdificado por Ley 796 de 2003)

    TITULO VII – DE LA RAMA EJECUTIVA

    CAPITULO I – DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

    ARTICULO 188. El Presidente de la República simboliza la dispositivo doméstico y al blasfemar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a respaldar los derechos y libertades de todos los colombianos.

    ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Principal de Estado, Presidente del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

    1. Nombrar y separar autónomamente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos.
    2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, tomar a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.
    3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.
    4. Conservar en todo el zona el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
    5. Dirigir las operaciones de aniquilamiento cuando lo estime conveniente.
    6. Proveer a la seguridad exógeno de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del condado; decidir la exterminio con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y pactar y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.
    7. Permitir, en desvío del Senado, previo opinión del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el división de la República.
    8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada lapso.
    9. Sancionar las leyes.
    10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su puro cumplimiento.
    11. Cultivar la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
    12. Presentar un mensaje al Congreso, al iniciarse cada plazo, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de explicación econóadefesio y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga preceder durante la vigencia de la nueva sesión.
    13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley.
      En todo caso, el Gobierno tiene la seminario de nombrar y remover independientemente a sus agentes.
    14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Fisco, obligaciones que excedan el monto general fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
    15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.
    16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.
    17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.
    18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.
    19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173.
    20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.
    21. Profesar la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.
    22. Profesar la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.
    23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley.
    24. Practicar, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, utilización o inversión de bienes captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.
    25. Organizar el Crédito Público; distinguir la deuda franquista y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio extranjero; y ejercitar la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, utilización e inversión de posibles provenientes del hucha de terceros de acuerdo con la ley.
    26. Cultivar la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.
    27. Conceder cédula de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley.
    28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley.

    ARTICULO 190. El Presidente de la República será electo para un período de cuatro años, por la porción más uno de los votos que, de modo secreta y directa, depositen los ciudadanos en la momento y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha longevoía, se celebrará una nueva votación que tendrá puesto tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será ostensible Presidente quien obtenga el viejo núsimple de votos.

    En caso de crimen o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con maduroía de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda dorso. Si no lo hace o si la yerro obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente.

    Si la errata se produjese con antelación último a dos semanas de la segunda revés, ésta se prorrogará por quince días.

    ARTICULO 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por comienzo, ciudadano en deporte y longevo de treinta años.

    ARTICULO 192. El Presidente de la República tomará posesión de su destino en presencia de el Congreso, y prestará dicterio en estos términos: “Juro a Todopoderoso y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.

    Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión frente a el Congreso, lo hará frente a la Corte Suprema de Razón o, en defecto de ésta, en presencia de dos testigos.

    ARTICULO 193. Corresponde al Senado conceder abuso al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo.

    Por motivo de enfermedad, el Presidente de la República puede dejar de desempeñar el cargo, por el tiempo necesario, mediante aviso al Senado o, en desvío de éste, a la Corte Suprema de Neutralidad.

    ARTICULO 194. Son faltas absolutas del Presidente de la República su crimen, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el desatención del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado.

    Son faltas temporales la abuso y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el adiestramiento del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo 175.

    ARTICULO 195. El encargado del Ejecutor tendrá la misma preeminencia y las mismas atribuciones que el Presidente, cuyas veces hace.

    ARTICULO 196. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a país extranjero durante el prueba de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en descanso de éste, a la Corte Suprema de Conciencia.

    La infracción de esta disposición implica cesión del cargo.

    El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país interiormente del año sucesivo a la momento en que cesó en el examen de sus funciones, sin permiso previo del Senado.

    Cuando el Presidente de la República se traslade a comarca extranjero en control de su cargo, el Ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia justo, profesará bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Superior del Gobierno. El Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente.

    ARTICULO 197. Nadie podrá ser escogido para instalarse la Presidencia de la República por más de dos períodos.

    No podrá ser predilecto Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antaño de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos:

    Ministro, Director de Unidad Oficial, Magistrado de la Corte Suprema de Probidad, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, o del Consejo Franquista Electoral, Procurador Universal de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor Militar de la República, Fiscal Universal de la Nación, Registrador Doméstico del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Director Común de la Policía, Jefe de Unidad o Alcaldes.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO. Quien ejerza o haya ejercido la Presidencia de la República ayer de la vigencia del presente Acto Legislador sólo podrá ser preferido para un nuevo período presidencial.

    (Artículo modificado por Decreto 2310 de 2004)

    ARTICULO 198. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes.

    ARTICULO 199. El Presidente de la República, durante el período para el que sea preferido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni curia por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya manifiesto que hay puesto a formación de causa.

    CAPITULO II – DEL GOBIERNO

    ARTICULO 200. Corresponde al Gobierno, en relación con el Congreso:

    1. Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución.
    2. Convocarlo a sesiones extraordinarias.
    3. Presentar el plan doméstico de incremento y de inversiones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.
    4. Despachar a la Cámara de Representantes el tesina de presupuesto de rentas y gastos.
    5. Rendir a las cámaras los informes que éstas soliciten sobre negocios que no demanden reserva.
    6. Prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo soliciten poniendo a su disposición la fuerza pública, si fuere necesario.

    ARTICULO 201. Corresponde al Gobierno, en relación con la Rama Jurídico:

    1. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias.
    2. Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el control de esta escuela. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares.

    CAPITULO III – DEL VICEPRESIDENTE

    ARTICULO 202. El Vicepresidente de la República será seleccionado por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República.

    Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en la primera.

    El Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antiguamente de su posesión.

    En las faltas temporales del Presidente de la República ajustará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de desatiendo absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente hacerse cargoá el cargo hasta el final del período.

    El Presidente de la República podrá entregarse en manos al Vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El Vicepresidente no podrá encargarse funciones de Ministro Delegatario.

    ARTICULO 203. A desliz del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo la Presidencia, ésta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley.

    La persona que de conformidad con este artículo reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y cultivará la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, internamente de los treinta días siguientes a la término en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República.

    ARTICULO 204. Para ser seleccionado Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.

    El Vicepresidente podrá ser reelegido para el período ulterior si integra la misma fórmula del Presidente en prueba.

    El Vicepresidente podrá ser seleccionado Presidente de la República para el período próximo cuando el Presidente en gimnasia no se presente como candidato.

    (Artículo Modificado por Decreto 2310 de 2004)

    ARTICULO 205. En caso de errata absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de designar a quien haya de remplazarlo para el resto del período. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su homicidio, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso.

    CAPITULO IV – DE LOS MINISTROS Y DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS

    ARTICULO 206. El núsolo, denominación y orden de precedencia de los ministerios y departamentos administrativos serán determinados por la ley.

    ARTICULO 207. Para ser ministro o director de área funcionario se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara.

    ARTICULO 208. Los Ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en sus respectivas dependencias. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.

    No podrán ser nombrados Ministros ni directores de departamentos administrativos ni superintendentes quienes interiormente del año precedente a la designación hayan desempeñado cargo o prestado sus servicios a los gremios del ramo respectivo o a personas jurídicas que deban tener bajo su vigilancia y control.

    Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros.

    Las cámaras pueden requerir la protección de los ministros. Las comisiones permanentes, además, la de los viceministros, los directores de departamentos administrativos, el Jefe del Porción de la República, los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden franquista, los miembros de las comisiones reguladoras y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público.

    También podrá citar, para discutir temas de interés público, a cualquier persona natural que tenga relación con el asunto a tratar.

    Los ministros y los directores de departamentos administrativos, el Regente del Tira de la República y los presidentes, directores o gerentes de las entidades del orden franquista presentarán al Congreso, adentro de los primeros quince días de cada reunión, referencia sobre el estado de los asuntos adscritos a su Empleo, Sección Oficinista o Instituto, de los avances en los objetivos y metas que le fueron encomendadas en el Plan de Incremento y sobre las reformas que consideren convenientes. Los Ministros, deberán sustentar su crónica en presencia de las comisiones constitucionales del Congreso en sesión conjunta que será convocada para el emoción en el interior del primer mes de la tiempo.

    Dichos informes de los Ministros deberán ser analizados y aprobados por el Congreso. Si la reunión conjunta de las Comisiones relacionadas con el área de actuación de cada Tarea reunidas para su análisis, rechaza el documentación, este se remitirá para su debate en Congreso pleno y para sobrepasar el procedimiento de moción de censura.

    Los Ministros y Directores del Área Oficial no podrán aceptar cargo, ni prestar sus servicios durante el año venidero a su desvinculación, a los gremios del ramo respectivo o personas jurídicas que hayan tenido bajo su vigilancia y control. Esta incompatibilidad también se aplicará a quienes desempeñen el cargo de superintendente y administrador o director de instituto descentralizado.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    CAPITULO V – DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA

    ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, efectividad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

    Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercitará en los términos que señale la ley.

    ARTICULO 210. Las entidades del orden franquista descentralizadas por servicios sólo pueden ser creadas por ley o por autorización de ésta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa.

    Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.

    La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes.

    ARTICULO 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

    La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre corregir o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

    La ley establecerá los fortuna que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.

    CAPITULO VI – DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION

    ARTICULO 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá determinar el Estado de Conflicto Foráneo. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la lucha, y procurar el restablecimiento de la normalidad.

    La declaración del Estado de Cruzada Extranjero sólo procederá una vez el Senado haya competente la declaratoria de refriega, menos que a motivo del Presidente fuere necesario repeler la agresión.

    Mientras subsista el Estado de Aniquilamiento, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos.

    Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de Conflagración, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con el voto propicio de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara.

    ARTICULO 213. En caso de llano perturbación del orden público que atente de modo inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá decidir el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no veterano de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y oportuno del Senado de la República.

    Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus artículos.

    Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.

    En el interior de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le advenirá inmediatamente un mensaje motivado sobre las razones que determinaron la declaración.

    En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la honestidad penal marcial.

    ARTICULO 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones:

    1. Los decretos legislativos resistirán la firma del Presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción.
    2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la solemnidad de los hechos.
    3. No se interrumpirá el ordinario funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado.
    4. Tan pronto como hayan cesado la eliminación extranjero o las causas que dieron división al Estado de Conmoción Interior, el Gobierno resolverá restablecido el orden público y empuñará el Estado de Excepción.
    5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin deber ocurrido los casos de desavenencia foráneo o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier alcaldada que hubieren cometido en el adiestramiento de las facultades a que se refieren los artículos anteriores.
    6. El Gobierno destinará a la Corte Constitucional al día sucesivo de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

    ARTICULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma molesto e inminente el orden econóadefesio, social y ecológico del país, o que constituyan circunspecto calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, resolver el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

    Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus mercancía.

    Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la sucesivo vigencia fiscal, ileso que el Congreso, durante el año próximo, les otorgue carácter permanente.

    El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término en el interior del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.

    El Congreso examinará hasta por un error de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el referencia motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

    El Congreso, durante el año posterior a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá cultivar dichas atribuciones en todo tiempo.

    El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los género previstos en este artículo.

    El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier alcaldada cometido en el examen de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

    El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

    PARAGRAFO. El Gobierno expedirá a la Corte Constitucional al día ulterior de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

    CAPITULO VII – DE LA FUERZA PUBLICA

    ARTICULO 216. La fuerza pública estará integrada en forma monopolio por las Fuerzas Militares y la Policía Franquista.

    Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las micción públicas lo exijan para defender la independencia doméstico y las instituciones públicas.

    La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio marcial y las prerrogativas por la prestación del mismo.

    ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

    Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del zona franquista y del orden constitucional.

    La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen específico de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

    ARTICULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.

    La Policía Doméstico es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el deporte de los derechos y libertades públicas, y para apoyar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

    La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

    ARTICULO 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.

    Los miembros de la Fuerza Pública no podrán profesar la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

    ARTICULO 220. Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la Ley.

    ARTICULO 221. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Marcial. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

    (Modificado por Acto Constituyente Núúnico 2 de 1995)

    ARTICULO 222. La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza Pública. En las etapas de su formación, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos.

    ARTICULO 223. Sólo el Gobierno puede introducir y producir armas, municiones de guerrilla y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá explayarse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para representar en ellas o para presenciarlas.

    Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.

    CAPITULO VIII – DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

    ARTICULO 224. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin confiscación, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.

    ARTICULO 225. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del Presidente de la República.

    ARTICULO 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia franquista.

    ARTICULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Hispanoamericano.

    TITULO VIII – DE LA RAMA Procesal
    DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

    ARTICULO 228. La Administración de Probidad es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autógnomo.

    ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para ingresar a la administración de ecuanimidad. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

    ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

    La equidad, la justicia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad contencioso.

    ARTICULO 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Razón y del Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

    ARTICULO 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Razón y del Consejo de Estado se requiere:

    1. Ser colombiano de arranque y ciudadano en deporte.
    2. Ser abogado.
    3. No sobrevenir sido condenado por sentencia legislativo a pena privativa de la arbitrio, excepto por delitos políticos o culposos.
    4. Sobrevenir desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Legislativo o en el Empleo Público, o sobrevenir ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.
    5. prestar dinero rapido

    PARAGRAFO. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera procesal.

    ARTICULO 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Equidad, y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el control de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a perduración de retiro forzoso.

    CAPITULO II – DE LA JURISDICCION ORDINARIA

    ARTICULO 234. La Corte Suprema de Equidad es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del núsimple impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

    La ley determinará el núexclusivo de magistrados que conforman la Sala Penal, lo mismo que la forma como se dividirá para avalar el control de garantía constitucional respecto de las medidas judiciales limitativas de derechos fundamentales que se tomen internamente del proceso penal.

    (Artículo modificado por Decreto 1500 de 2002)

    ARTICULO 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Conciencia:

    1. Efectuar como Tribunal de Casación en el estudio de sentencias ejecutoriadas. La ley podrá determinar mecanismos sumarios de respuesta con el fin de conseguir la unificación de la legislación, la protección de las garantías fundamentales y la restauración del derecho vulnerado.
    2. Enjuiciar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que manejo el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.
    3. Decretar mediante la Sala Penal en primera instancia, previa acusación del Fiscal Militar de la Nación, a los miembros del Congreso de la República: Senadores y Representantes a la Cámara.
    4. Arbitrar mediante la Sala Penal en primera instancia, previa acusación del Fiscal Genérico de la Nación, al Vicepresidente de la República, a los ministros del despacho, al Procurador Caudillo, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Profesión Público frente a la Corte, en presencia de el Consejo de Estado y frente a los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Auditor Normal, al Contralor Militar de la República, a los embajad ores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen.
    5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados en presencia de el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional.
    6. Darse su propio reglamento.
    7. Solicitar a través de la Sala Penal, al Fiscal Común de la Nación el inicio de investigación a los miembros del Congreso de la República: Senadores y Representantes a la Cámara.
    8. Las demás atribuciones que señale la ley.

    PARAGRAFO. Cuando los funcionarios antiguamente enumerados hubieren cesado en el prueba de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. La intervención de la Fiscalía en presencia de la Corte Suprema de Honradez la cultivará el Fiscal Normal de la Nación o, por delegación suya, el Vicefiscal Militar o los fiscales delegados delante la Corte Suprema de Rectitud.

    (Artículo modificado por Decreto 1500 de 2002)

    CAPITULO III – DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

    ARTICULO 236. El Consejo de Estado tendrá el núsimple impar de Magistrados que determine la ley.

    El Consejo se dividirá en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley.

    La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el núexclusivo de magistrados que deban integrarlas y su organización interna.

    ARTICULO 237. Son atribuciones del Consejo de Estado:

    1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso oficinista, conforme a las reglas que señale la ley.
    2. Conocer de las acciones de nulo por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Doméstico, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.
    3. Proceder como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.
      En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el circunscripción doméstico, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de cruzada, en aguas o en región o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado.
    4. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley.
    5. Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley.
    6. Darse su propio reglamento y practicar las demás funciones que determine la ley.

    ARTICULO 238. La jurisdicción de lo contencioso funcionario podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los enseres de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía legal.

    CAPITULO IV – DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL

    ARTICULO 239. La Corte Constitucional tendrá el núexclusivo impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho.

    Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Conciencia y el Consejo de Estado.

    Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos.

    ARTICULO 240. No podrán ser elegidos Magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año preliminar a la elección se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de la Corte Suprema de Neutralidad o del Consejo de Estado.

    ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la cuidado de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

    1. Atreverse sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.
    2. Lanzarse, con anticipación al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para enmendar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación.
    3. Animarse sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden doméstico. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.
    4. Arriesgarse sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
    5. Arriesgarse sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.
    6. Lanzarse sobre las excusas de que prostitución el artículo 137 de la Constitución.
    7. Lanzarse definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.
    8. Arriesgarse definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
    9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.
    10. Animarse definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, interiormente de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.
    11. Darse su propio reglamento.

    PARAGRAFO. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a atreverse sobre la exequibilidad del acto.

    ARTICULO 242. Los procesos que se adelanten delante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones:

    1. Cualquier ciudadano podrá desempeñar las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública.
    2. El Procurador Caudillo de la Nación deberá intervenir en todos los procesos.
    3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.
    4. De ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para osar, y el Procurador Caudillo de la Nación, de treinta para rendir concepto.
    5. En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo inicial, los términos ordinarios se disminuirán a una tercera parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada conforme a la ley.

    ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en examen del control municipal hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

    Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico concreto inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.

    ARTICULO 244. La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.

    ARTICULO 245. El Gobierno no podrá conferir empleo a los Magistrados de la Corte Constitucional durante el período de examen de sus funciones ni adentro del año próximo a su retiro.

    CAPITULO V – DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES

    ARTICULO 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercitar funciones jurisdiccionales internamente de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción peculiar con el sistema legal doméstico.

    ARTICULO 247. La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular.

    ARTICULO 248. Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de referencias penales y contravencionales en todos los órdenes legales.

    CAPITULO VI – DE LA FISCALIA Universal DE LA NACION

    ARTICULO 249. La Fiscalía Común de la Nación estará integrada por el Fiscal Normal, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.

    El Fiscal Común de la Nación será favorito para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Neutralidad, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Razón. La Fiscalía Militar de la Nación forma parte de la rama procesal y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.

    ARTICULO 250. Corresponde a la Fiscalía Genérico de la Nación, de oficio o con fundamento en denuncia, petición singular o querella, desarrollar las investigaciones de los hechos que puedan constituir delitos y exponer en presencia de los jueces de la República, cuando fuere el caso, a los presuntos infractores de la ley penal. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal huella la Fiscalía Universal de la Nación, deberá:

    1. Solicitar al mediador de control de garantías las medidas que aseguren la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, las que procuren la conservación de la prueba y la protección de la comunidad; así mismo aquellas necesarias para la cooperación inmediata a las víctimas y hacer efectivo el restablecimiento del derecho.
      Excepcionalmente, la ley podrá asentir a la Fiscalía Común de la Nación para realizar capturas administrativas. En estos casos, el mediador de control de garantías lo realizará a más tardar interiormente de las treinta y seis (36) horas siguientes.
      El togado de control de garantías, no podrá ser en ningún caso, el magistrado de conocimiento.
    2. Conseguir registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos, el mediador de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar internamente de las treinta y seis (36) horas siguientes contadas a partir de su conocimiento.
    3. Sostener los fundamentos materiales probatorios, garantizando la esclavitud de custodia mientras se ejerce su contradicción.
    4. Aplicar el principio de oportunidad en las causales definidas en la ley.
    5. Solicitar al enjuiciador de control de garantías la autorización para imputar.
    6. Presentar escrito de acusación en presencia de el magistrado del conocimiento, con el fin de dar inicio a un proceso público, vocal, contradictorio y concentrado.
    7. Solicitar delante el togado del conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para exponer
    8. Solicitar delante el togado del conocimiento las, medidas necesarias para la reparación integral a las víctimas. Igualmente, velar por la protección de las víctimas, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de conciencia restaurativa.
    9. Dirigir y coordinar las funciones de policía contencioso que en forma permanente cumple la Policía Doméstico y los demás organismos que señale la ley.
    10. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

    El Fiscal Universal de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el circunscripción franquista.

    (Artículo Modificado por Decreto 1500 de 2002 y por Acto Legal Núsimple 2 de 2003)

    ARTICULO 251. Son funciones especiales del Fiscal Común de la Nación:

    1. Investigar y manifestar, si hubiere superficie, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

    2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia.

    3. Asignar y desplazar independientemente a sus funcionarios en las investigaciones y procesos. Asimismo, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba aceptar en cada caso, en explicación de los principios de mecanismo de gestión y de jerarquía.

    4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.

    5. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Contencioso, bajo la responsabilidad y dependencia eficaz de la Fiscalía Normal de la Nación.

    6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

    7. Investigar y reflejar si hubiere empleo, a los miembros del Congreso, previa solicitud de la Sala Penal de la Corte Suprema de Razón.

    (Artículo modificado por Decreto 1500 de 2002)

    ARTICULO 252. Aun durante los Estados de Excepción de que manejo la Constitución en sus artículos 212 y 213, el Gobierno no podrá suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento.

    ARTICULO 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía Universal de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia.

    CAPITULO VII – DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

    ARTICULO 254. El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas:

    1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Ecuanimidad, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.
    2. La Sala Interno Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un período de ocho años, por el Congreso Franquista de ternas enviadas por el Gobierno. Podrá tener Consejos Seccionales de la Judicatura integrados como lo señale la ley.

    ARTICULO 255. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por salida, ciudadano en gimnasia y viejo de treinta y cinco años; tener título de abogado y activo ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes.

    ARTICULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

    1. Tener la llave de la despensa la carrera legislativo.
    2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal marcial que se regirá por normas especiales.
    3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama legislativo, así como las de los abogados en el gimnasia de su profesión, en la instancia que señale la ley.
    4. Sobrellevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
    5. Elaborar el esquema de presupuesto de la rama contencioso que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
    6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
    7. Las demás que señale la ley.

    ARTICULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

    1. Fijar la división del demarcación para posesiones judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
    2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de rectitud. En control de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Riquezas obligaciones que excedan el monto mundial fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
    3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de equidad, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el diputado.
    4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de rectitud y a los códigos sustantivos y procedimentales.
    5. Las demás que señale la ley.

    TITULO IX – DE LAS ELECCIONES Y DE LA ORGANIZACION ELECTORAL

    CAPITULO I – DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES

    ARTICULO 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el huido prueba de este derecho d e los ciudadanos.

    PARÁGRAFO 1o. Deberá repetirse por una sola vez la votación para designar miembros de una corporación pública, administrador, corregidor o la primera reverso en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan veteranoía absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan pillado el comienzo.

    PARÁGRAFO 2o. Se podrá implementar el voto electrónico para conseguir agilidad y transparencia en todas las votaciones.

    (Artículo modificado por Acto Constitucional Núúnico 1 de 2003)

    ARTICULO 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al predilecto el software que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el gimnasia del voto programático.

    ARTICULO 260. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale.

    ARTICULO 261. Derogado

    (Derogado por Ley 796 de 2003)

    ARTICULO 262. La elección del Presidente y Vicepresidente no podrá coincidir con otra elección. La de Congreso se hará en vencimiento separada de la elección de autoridades departamentales y municipales.

    ARTICULO 263. Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo núúnico de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en las respectiva elección.

    Para avalar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de guarismo repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los sufragados para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezca la Constitución y la Ley.

    Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el filo, las curules se distribuirán de acuerdo con el sistema de guarismo repartidora.

    La Ley reglamentará los demás bienes de esta materia.

    PARÁGRAFO transitorio. Sin perjuicio del control de las competencias propias del Congreso de la República, para las elecciones de las autoridades de las entidades territoriales que sigan a la entrada en vigencia del presente acto asamblea, facúltese al Consejo Doméstico Electoral para que en el interior del mes ulterior a su promulgación se ocupe de regular el tema.

    En las circunscripciones electorales donde se elijan dos (2) curules se aplicará el sistema del cuociente electoral, con sujeción a un acceso del treinta por ciento (30%), del cociente electoral.

    (Artículo modificado por Acto Parlamento Núsimple 1 de 2003)

    ARTICULO 263-A. La adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación se hará por el sistema de emblema repartidora. Esta resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el núúnico de votos obtenidos por cada inventario, ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un núsolo total de resultados igual al núúnico de curules a proveer.

    El resultado beocio se avisará sigla repartidora. Cada repertorio obtendrá tantas curules como veces esté contenida la monograma repartidora en el total de sus votos.

    Cada partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto preferente. En tal caso, el votante podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres de la inventario que aparezcan en la maleable electoral. La registro se reordenará de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos. La asignación de curules entre los miembros de la respectiva letanía se hará en orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el viejo núúnico de votos preferentes.

    En el caso de los partidos y movimientos políticos que hayan optado por el mecanismo del voto preferente, los votos por el partido o movimiento que no hayan sido atribuidos por el votante a ningún candidato en particular, se contabilizarán a cortesía de la respectiva tira para bienes de la aplicación de las normas sobre el entrada y la número repartidora, pero no se computarán para la reordenación de la tira. Cuando el votante vote simultáneamente por el partido o movimiento político y por el candidato de su preferencia internamente de la respectiva directorio, el voto será válido y se computará a amparo del candidato.
    (Adicionado por Acto Parlamentario Núsimple 1 de 2003)

    CAPITULO II – DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES

    ARTICULO 264. El Consejo Doméstico Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Sigla Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación monopolio, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Equidad y podrán ser reelegidos por una sola vez.

    PARÁGRAFO. La jurisdicción contencioso administrativa lanzarseá la acción de inútil electoral en el término máximo de un (1) año.

    En los casos de única instancia, según la ley, el término para osar no podrá exceder de seis (6) meses.

    (Adicionado por Acto ConstitucionalNúúnico 1 de 2003)

    ARTICULO 265. Derogado.

    (Derogado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 266. El Registrador Franquista del Estado Civil será escogido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Probidad y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley. Su período será de cuatro (4) años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser Magistrado de la Corte Suprema de Probidad y no ha ber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos en el interior del año inmediatamente antecedente a su elección. Podrá ser reelegido por una sola vez y practicará las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que aquella disponga.

    La Registraduría Doméstico estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una carrera administrativa específico a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las evacuación del servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de rescatado remoción, de conformidad con la ley.

    PARÁGRAFO transitorio. El período de los actuales miembros del Consejo Doméstico Electoral y Registrador Doméstico del Estado Civil irá hasta el año 2006. La ulterior elección de unos y otro se hará de conformidad con lo dispuesto en el presente Acto Parlamentario.

    (Adicionado por Acto ParlamentoNúexclusivo 1 de 2003)

    TITULO X – DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

    CAPITULO I – DE LA CONTRALORIA Común DE LA REPUBLICA

    ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que profesará la Contraloría Caudillo de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o acervo de la Nación.

    Dicho control se ejercitará en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin retención, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.

    La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el examen de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá profesar control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.

    La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.

    El Contralor Universal de la República será escogido por el Congreso de la República, en el primer mes de sus sesiones, de terna elaborada mediante concurso de méritos que organicen para el impresión los presidentes de la Corte Suprema de Neutralidad, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para un período institucional de cuatro años, con el voto conveniente de la maduroía absoluta de sus miembros. El Contralor no pertenecerá al mismo partido o movimiento político o coalición del Presidente y no podrá ser reelegido. Si el partido o movimiento político al cual pertenezca el Contralor entrara a hacer parte del Gobierno, el predilecto cesará en sus funciones y se procederá a una nueva elección. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden doméstico o departamental, excepto la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después del vencimiento del período para el cual fue favorito.

    Sólo el Congreso puede reconocer las renuncias que presente el Contralor y proveer las vacantes definitivas del cargo; las faltas temporales serán provistas por el Consejo de Estado.

    Para ser electo Contralor Caudillo de la República se requiere ser colombiano de salida y en prueba de la ciudadanía; tener más de 35 años de época; tener título universitario; o deber sido profesor universitario durante un tiempo no último de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley.

    No podrá se preferido Contralor Común de la República quien adentro del año aludido a su elección haya contratado por sí o por interpuesta persona con entidades del orden doméstico o territorial, quien sea o haya sido internamente de los cuatro años anteriores a la elección, miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden doméstico, fuera de la docencia. Siquiera podrá ser seleccionado quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes. Cuando se produzca equivocación absoluta del Contralor Común de la República, será predilecto uno nuevo que ejercitará las funciones hasta terminar el período institucional de aquél al que reemplaza.

    En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen adentro del cuarto porción de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o reglamentario respecto de los candidatos.

    PARÁGRAFO. En el evento que ninguna de las personas ternadas obtenga la veteranoía absoluta, la Mesa Directiva convocará internamente de la semana posterior y se procederá a una nueva elección entre los candidatos que hubiesen obtenido las maduroías.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003 – modificación incisos 5 y 8)

    ARTICULO 268. El Contralor Normal de la Republíca tendrá las siguientes atribuciones:

    1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o capital de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
    2. Revisar y fenecer las cuentas que deben arrostrar los responsables del fisco y determinar el nivel de eficiencia, capacidad y economía con que hayan obrado.
    3. Admitir un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.
    4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o fondos de la Nación.
    5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, percibir su monto y desempeñar la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.
    6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.
    7. Presentar al Congreso de la República un referencia anual sobre el estado de los bienes naturales y del ámbito.
    8. Promover frente a las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.
    9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la organización y funcionamiento de la Contraloría Genérico.
    10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará un régimen específico de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho.
    11. Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado, de acuerdo con la ley.
    12. Dictar normas generales para conciliar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden doméstico y territorial.
    13. Las demás que señale la ley.

    Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta Genérico de Presupuesto y del Riquezas y certificar el vaivén de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador Militar.

    ARTICULO 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

    ARTICULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan guardar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

    ARTICULO 271. Los resultados de las indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valía probatorio frente a la Fiscalía Universal de la Nación y el magistrado competente.

    ARTICULO 272. El control de la Gestión Fiscal de las entidades del orden territorial será ejercido, con moderación y eficiencia, por la Contraloría Caudillo de la República, para lo cual podrá apoyarse en el auxilio técnico de fundaciones, corporaciones, universidades, instituciones de economía solidaria, o empresas privadas escogidas en audiencia pública, celebrada previo concurso de méritos. Las decisiones administrativas serán de competencia privativa de la Contraloría.

    Las Contralorías departamentales, distritales y municipales, hoy existentes, mantenerseán suprimidas cuando el Contralor Normal de la República determine que está en condiciones de encargarse totalmente sus funciones, lo cual deberá suceder a más tardar el 31 de diciembre de 2003. En el proceso de transición se respetará el periodo de los contralores actuales. Los funcionarios de la Contraloría Normal de la República, que se designen para desempeñar estos cargos, serán escogidos mediante concurso de méritos y deberán ser oriundos del sección respectivo.

    (Modificado por Ley 796 de 2003)

    ARTICULO 273. A solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor Universal de la República y demás autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga división en audiencia pública.

    Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia pública, la guisa como se efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizará aquella, serán señalados por la ley.

    ARTICULO 274. La vigilancia de la Gestión Fiscal de la Contraloría Militar de la República se ejercitará por un auditor seleccionado por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Conciencia, para período institucional de cuatro (4) años, no reelegible para el período inmediatamente venidero.

    La ley determinará la forma de cultivar dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal. Igualmente fijará las funciones, calidades, inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, faltas absolutas y temporales y la forma de guatar la vacancia del Auditor, en caso de presentarse.

    Cada año el Auditor Caudillo presentará a los congresistas, a la Corte Suprema de Probidad y al Consejo de Estado, los informes sobre el entrenamiento de su Gestión Fiscal y en explicación de lo previo, anualmente rendirá la cuenta de dicha gestión para frente a el Consejo de Estado, el cual como órgano parte de la vigilancia de la gestión fiscal aquí asignada, la revisará y dictaminará sobre su fenecimiento.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    CAPITULO II – DEL Profesión PUBLICO

    ARTICULO 275. El Procurador Militar de la Nación es el supremo director del Ocupación Público.

    ARTICULO 276. El Procurador Común de la Nación ser á favorito por el Senado en el primer mes de sus sesiones, para un período institucional de cuatro años, de terna integrada por candidatos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Honestidad y el Consejo de Estado con el voto inclinado de la maduroía absoluta de sus miembros.

    No pertenecerá al mismo partido, movimiento político o coalición del Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Si el partido o movimiento político al cual pertenezca el Procurador entrará a hacer parte del Gobierno, el preferido cesará en sus funciones y se procederá a una nueva elección.

    Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden franquista o departamental, a excepción de la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después de suceder cesado en sus funciones.

    Cuando se produzca errata absoluta del Procurador Universal de la Nación, será electo uno nuevo que practicará las funciones hasta terminar el período institucional de aquel al que reemplaza.

    PARÁGRAFO. En el evento que ninguna de las personas ternadas obtenga la decanoía absoluta, la Mesa Directiva convocará internamente de la semana posterior y se procederá a una nueva elección entre los candidatos que hubiesen obtenido las decanoías.

    PARÁGRAFO transitorio. Para igualar los períodos el Senado nominará el próximo Procurador para el tiempo comprendido entre la terminación del período institucional coetáneo y la posesión del nuevo Senado en el año 2006.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 277. El Procurador Caudillo de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:

    1. Custodiar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
    2. Proteger los derechos humanos y apoyar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.
    3. Defender los intereses de la sociedad.
    4. Defender los intereses colectivos, en particular el animación.
    5. Velar por el adiestramiento diligente y valioso de las funciones administrativas.
    6. Cultivar vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; profesar preferentemente el poder disciplinario; rebasar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.
    7. Intervenir en los procesos y delante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.
    8. Rendir anualmente referencia de su gestión al Congreso.
    9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria.
    10. Las demás que determine la ley.

    Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía legal, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.

    ARTICULO 278. El Procurador Normal de la Nación profesará directamente las siguientes funciones:

    1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de forma manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el entrenamiento de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma pesado, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o municipal; hacer efecto con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del adiestramiento de su cargo.
    2. Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero singular.
    3. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
    4. Exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren la promoción, el deporte y la protección de los derechos humanos, y exigir su cumplimiento a las autoridades competentes.
    5. Rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad.
    6. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su dependencia.

    ARTICULO 279. La ley determinará lo relativo a la estructura y al funcionamiento de la Procuraduría Caudillo de la Nación, regulará lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades, incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los funcionarios y empleados de dicho organismo.

    ARTICULO 280. Los agentes del Servicio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de maduro jerarquía delante quienes ejerzan el cargo.

    ARTICULO 281. El Defensor del Pueblo formará parte del Empleo Público y practicará sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador Genérico de la Nación. Será escogido por la Cámara de Representantes en el primer mes de sus sesiones, de terna integrada por candidatos de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Ecuanimidad y el Consejo de Estado con el voto propicio de la ancianoía absoluta de sus miembros, para un período institucional de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período ulterior.

    Cuando se produzca error absoluta del Defensor del Pueblo, será electo uno nuevo que profesará las funciones hasta terminar el período institucional de aquél al que reemplaza.

    PARÁGRAFO. En el evento que ninguna de las personas ternadas obtenga la viejoía absoluta, la Mesa Directiva convocará internamente de la semana posterior y se procederá a una nueva elección entre los candidatos que hubiesen obtenido las viejoías.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 282. El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el examen y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual practicará las siguientes funciones:

    1. Orientar e instruir a los habitantes del región franquista y a los colombianos en el foráneo en el adiestramiento y defensa de sus derechos frente a las autoridades competentes o entidades de carácter privado.
    2. Divulgar los derechos humanos y guiar las políticas para su enseñanza.
    3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.
    4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.
    5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.
    6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
    7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.
    8. Las demás que determine la ley.

    ARTICULO 283. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

    ARTICULO 284. Incólume las excepciones previstas en la Constitución y la ley, el Procurador Militar de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el adiestramiento de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna.

    TITULO XI – DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL

    CAPITULO I – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

    ARTICULO 285. Fuera de la división militar del departamento, habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado.

    ARTICULO 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.

    La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.

    ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y interiormente de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

    1. Gobernarse por autoridades propias.
    2. Ejercitar las competencias que les correspondan.
    3. Gobernar los posibles y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
    4. Participar en las rentas nacionales.

    ARTICULO 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

    Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

    Como norma normal de competencia entre los niveles de la organización Administrativa, se tendrá que la Nación velará por el entrenamiento de las relaciones internacionales y la Defensa Doméstico, de la soberanía, la seguridad y la Ecuanimidad e cambiará en reincorporación Infraestructura Franquista y homogeneizará y regulará la prestación de los servicios; los Departamentos velarán por el medio bullicio e modificarán en obras de interés regional, supervisarán y controlarán la prestación de los servicios que hagan los municipios y éstos prestarán los servicios básicos al ciudadano, velarán por la seguridad almacén y efectuarán inversiones que podrían ser cofinanciadas por la Nación y los Departamentos en la infraestructura básica almacén.

    Los bienes que en la contemporaneidad ejecuta el Gobierno Doméstico con destino a competencias de Entidades Territoriales, le seguirán siendo transferidas a ellos en pesos constantes durante el plazo que determine la ley y hasta cuando las entidades territoriales generen con las rentas a ellas asignadas, medios para sustituir la cofinanciación.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 289. Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán sobrepasar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el progreso comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del condición.

    ARTICULO 290. Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley, y en los casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las entidades territoriales y se editará el plano oficial de la República.

    ARTICULO 291. Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura.

    Los contralores y personeros sólo asistirán a las juntas directivas y consejos de administración que operen en las respectivas entidades territoriales, cuando sean expresamente invitados con fines específicos.

    ARTICULO 292. Los diputados y concejales y sus parientes internamente del extremo que señale la ley no podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo área, distrito o municipio.

    No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo categoría de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.

    ARTICULO 293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, vencimiento de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de satisfacer las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones.

    ARTICULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Siquiera podrá imponer recargos sobre sus impuestos a excepción de lo dispuesto en el artículo 317.

    ARTICULO 295. Las entidades territoriales podrán emitir títulos y bonos de deuda pública, con sujeción a las condiciones del mercado financiero e igualmente contratar crédito forastero, todo de conformidad con la ley que regule la materia.

    ARTICULO 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de forma inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual modo y con los mismos género en relación con los de los alcaldes.

    CAPITULO II – DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL

    ARTICULO 297. El Congreso Franquista puede decretar la formación de nuevos Departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos por esta Constitución.

    ARTICULO 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del ampliación econóadefesio y social en el interior de su división en los términos establecidos por la Constitución.

    Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.

    La ley reglamentará lo relacionado con el control de las atribuciones que la Constitución les otorga.

    ARTICULO 299. En cada sección habrá una corporación administrativa de elección popular que ejercitará el control político sobre los actos del representante, secretarios de despacho, jefe y directores de institutos descentralizados y que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por siete (7) miembros, en los nuevos departamentos, creados en la Constitución de 1991, y en los demás departamentos por no menos de merienda (11) ni más de veinticinco (25) miembros.

    La Organización Franquista Electoral, establecerá, internamente de los límites de cada unidad, con cojín en su población, círculos para la elección de diputados, de conformidad con lo que determine la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley, el cual no podrá ser menos ajustado que el señraudo para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro (4) años y tendrán la calidad de Servidores Públicos.

    Para ser seleccionado diputado se requiere ser ciudadano en gimnasia, tener más de veintiún (21) años, no acaecer sido condenado a pena privativa de la autonomía, con excepción de los delitos políticos o culposos y acaecer residido en la respectiva circunscripción electoral, durante el año inmediatamente susodicho a la época de elección.

    PARÁGRAFO. Los diputados podrán cultivar la moción de censura que será, reglamentada por la ley.

    (Modificado por Acto constitucional 1/1996 y 2/2003)

    ARTICULO 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:

    1. Reglamentar el entrenamiento de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del Área.
    2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el explicación econóadefesio y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el circunstancia, las obras públicas, las vías de comunicación y el mejora de sus zonas de frontera.
    3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de crecimiento econóadefesio y social y los de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y fijar su cumplimiento.
    4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.
    5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos.
    6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, segregar y anexar territorios municipales, y organizar provincias.
    7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del sección y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.
    8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legítimo.
    9. Autorizar al regidor del área para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar fondos.
    10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la lozanía en los términos que determina la Ley.
    11. Solicitar informes sobre el gimnasia de sus funciones al Contralor Universal del Sección, Secretario de Junta, Jefes de Departamentos Administrativos y Directores de Institutos Descentralizados del orden Departamental.
    12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley.

    Los planes y programas de mejora de obras públicas, serán coordinados e integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales.

    Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las que decretan inversiones, participaciones o cesiones de rentas y beneficios departamentales y las que creen servicios a cargo del Área o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobernante.

    ((Modificado por Acto legal 1/1996 y 2/2003– modificación numeral 9)

    ARTICULO 301. La ley señalará los casos en los cuales las asambleas podrán delegar en los concejos municipales las funciones que ella misma determine. En cualquier momento, las asambleas podrán reasumir el control de las funciones delegadas.

    ARTICULO 302. La ley podrá establecer para uno o varios Departamentos diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal distintas a las señaladas para ellos en la Constitución, en atención a la condición de mejorar la administración o la prestación de los servicios públicos de acuerdo con su población, capital económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas.

    En progreso de lo inicial, la ley podrá delegar, a uno o varios Departamentos, atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales.

    ARTICULO 303. En cada uno de los departamentos habrá un Autoridad que será patrón de la administración seccional y representante permitido del sección; el autoridad será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica genérico, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el unidad. Los gobernadores serán elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el período subsiguiente.

    La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores; reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas y temporales; y la forma de satisfacer estas últimas y dictará las demás disposiciones necesarias para el corriente desempeño de sus cargos.

    Siempre que se presente descuido absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se designará autoridad para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará un Jefe para lo que reste del período, respetando el partido, reunión político o coalición por el cual fue inscrito el dirigente predilecto.
    (Artículo modificado por Acto Constitucional 2/2002)

    ARTICULO 304. El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores.

    Su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos cumplidor que el establecido para el Presidente de la República.

    ARTICULO 305. Son atribuciones del representante:

    1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.
    2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del sección y realizar en su nombre como mandatario y promotor del explicación integral de su país, de conformidad con la Constitución y las leyes.
    3. Dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la República.
    4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de reglamento sobre planes y programas de ampliación econóadefesio y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
    5. Nombrar y remover independientemente a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales del Unidad. Los representantes del sección en las juntas directivas de tales organismos y los directores o gerentes de los mismos son agentes del representante.
    6. Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, industrias y actividades convenientes al avance cultural, social y econóadefesio del sección que no correspondan a la Nación y a los municipios.
    7. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al caudal departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto integral fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente suficiente.
    8. Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas.
    9. Oponerse por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los proyectos de reglamento, o sancionarlos y promulgarlos.
    10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez.
    11. Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la Nación.
    12. Convocar a la asamblea departamental a sesiones extraordinarias en las que sólo se habitará de los temas y materias para lo cual fue convocada.
    13. Escoger de las ternas enviadas por el patriarca Doméstico respectivo previo concurso público a cargo de éste los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden Franquista que operen en el área, de acuerdo con la ley. Estos servidores serán de exento remoción. El cumplimiento de sus funciones, planes y programas de la institución que representan, se desarrollarán en concordancia con los planes y programas de la entidad territorial respectiva.
    14. Cultivar las funciones administrativas que le delegue el Presidente de la República.
    15. Las demás que le señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003 – modificación numeral 13)

    ARTICULO 306. Dos o más departamentos podrán constituírse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el expansión econóadefesio y social del respectivo paraje.

    El área de Cundinamarca, el Distrito Hacienda de Bogotá, y los municipios contiguos a este podrán asociarse en una región administrativa y de planificación singular cuyo objeto principal será el avance econóadefesio y social de la respectiva ciudad -región. Las citadas entidades territoriales conservarán su identidad política y territorial.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003– adición inciso final)

    ARTICULO 307. La respectiva ley orgánica, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la Región en entidad territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados.

    La misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los posibles de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Franquista de Regalías. Igualmente explicará los principios para la adopción del estatuto específico de cada región.

    ARTICULO 308. La ley podrá lindar las apropiaciones departamentales destinadas a honorarios de los diputados y a gastos de funcionamiento de las asambleas y de las contralorías departamentales.

    ARTICULO 309. Erígense en sección las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélagunajo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Los posesiones y derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los respectivos departamentos.

    ARTICULO 310. El Sección Archipiécharcal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se regirá, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los otros departamentos, por las normas especiales que en materia administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio foráneo, de cambios, financiera y de fomento econóadefesio establezca el senador.

    Mediante ley aprobada por la longevoía de los miembros de cada cámara se podrá recortar el gimnasia de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la densidad de la población, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de capital inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el dominio y los posibles naturales del Archipiémarisma.

    Mediante la creación de los municipios a que hubiere motivo, la Asamblea Departamental asegurará la expresión institucional de las comunidades raizales de San Andrés. El municipio de Providencia tendrá en las rentas departamentales una participación no inferior del 20% del valencia total de dichas rentas.

    CAPITULO III – DEL REGIMEN MUNICIPAL

    ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso almacén, ordenar el exposición de su circunscripción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

    ARTICULO 312. En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población respectiva.

    La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos.

    La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su afluencia a sesiones.

    Su aceptación de cualquier empleo público, constituye desliz absoluta.
    * Inciso primero modificado por Acto Asamblea 2/2002.

    ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

    1. Reglamentar las funciones y la valioso prestación de los servicios a cargo del municipio.
    2. Adoptar los correspondientes planes y programas de incremento econóadefesio y social y de obras públicas.
    3. Autorizar al Corregidor para celebrar contratos.
    4. Sufragar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
    5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
    6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del corregidor, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
    7. Reglamentar los usos del suelo y, adentro de los límites que fije la ley, guardar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
    8. Nominar Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.
    9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
    10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.
    11. Cultivar control político sobre la administración municipal. La ley reglamentará la materia.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003 – modificación numeral 3 y adición numeral 11)

    ARTICULO 314. En cada municipio habrá un corregidor, jerarca de la administración lugar y representante judicial del municipio, que será predilecto popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período próximo.

    Siempre que se presente yerro absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se designará corregidor para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el representante designará un corregidor para lo que reste del período, respetando el partido, categoría político o coalición por el cual fue inscrito el corregidor estimado.

    El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.

    La ley establecerá las sanciones a que hubiere zona por el examen indebido de esta atribución.
    (Artículo modificado por Acto Asamblea 2/2002)

    ARTICULO 315. Son atribuciones del corregidor:

    1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
    2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernante. El corregidor es la primera autoridad de policía del muncipio. La Policía Doméstico cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el corregidor por conducto del respectivo comandante.
    3. Dirigir la acción administrativa del municipio; reforzar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo procesal y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter tópico, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
    4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos.
    5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de progreso econóadefesio y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.
    6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aceptado el Concejo y discutir los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.
    7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto completo fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente suficiente.
    8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo se vivirá de los temas y materias para los cuales fue citado.
    9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.
    10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.

    ARTICULO 316. En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio.

    ARTICULO 317. Solo los municipios podrán gravitar la propiedad inmueble. Lo aludido no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización.

    La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del medio ambiente y de los medios naturales renovables, de acuerdo con los planes de expansión de los municipios del área de su jurisdicción.

    ARTICULO 318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y apuntalar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter lugar, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales.

    En cada una de las comunas o corregimientos habrá una unión administradora almacén de elección popular, integrada por el núpuro de miembros que determine la ley, que tendrá las siguientes funciones.

    1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de incremento econóadefesio y social y de obras públicas.
    2. Atender y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con bienes públicos.
    3. Formular propuestas de inversión en presencia de las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión.
    4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal.
    5. Desempeñar las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el región que este mismo determine.

    ARTICULO 319. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el progreso armónico e integrado del distrito colocado bajo su autoridad; racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar obras de interés metropolitano.

    La ley de ordenamiento territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen funcionario y fiscal de carácter peculiar; certificará que en sus órganos de administración tengan adecuada participación las respectivas autoridades municipales; y señalará la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los municipios.

    Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales protocolizarán la conformación del área y explicarán sus atribuciones, financiación y autoridades, de acuerdo con la ley.

    Las áreas metropolitanas podrán convertirse en Distritos conforme a la ley.

    ARTICULO 320. La ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, fortuna fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar dispar régimen para su organización, gobierno y administración.

    ARTICULO 321. Las provincias se constituyen con municipios o territorios indígenas circunvecinos, pertenecientes a un mismo sección.

    La ley dictará el estatuto básico y fijará el régimen chupatintas de las provincias que podrán organizarse para el cumplimiento de las funciones que les deleguen entidades nacionales o departamentales y que les asignen la ley y los municipios que las integran.

    Las provincias serán creadas por reglamento, a iniciativa del dirigente, de los alcaldes de los respectivos municipios o del núúnico de ciudadanos que determine la ley.

    Para el ingreso a una provincia ya constituída deberá realizarse una consulta popular en los municipios interesados.

    El área y los municipios aportarán a las provincias el porcentaje de sus ingresos corrientes que determinen la asamblea y los concejos respectivos.

    CAPITULO IV – DEL REGIMEN Particular

    ARTICULO 322. Bogotá, Haber de la República y del unidad de Cundinamarca, se organiza como Distrito Haber.

    Su régimen político, fiscal y oficinista será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios.

    Con cojín en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del corregidor, dividirá el condado distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas.

    A las autoridades distritales corresponderá certificar el exposición armónico e integrado de la ciudad y la válido prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su comarca.

    (Artículo modificado por Acto Constituyente Núpuro 1 de 2000)

    ARTICULO 323. El Concejo Distrital se compondrá de 41 concejales.

    En cada una de las localidades habrá una asociación administradora elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que estará integrada por no menos de siete ediles, según lo determine el concejo distrital, atendida la población respectiva.

    La elección de Corregidor Decano, de concejales distritales y de ediles se hará en un mismo día por períodos de cuatro (4) años y el al calde no podrá ser reelegido para el período posterior.

    Siempre que se presente equivocación absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se designará corregidor viejo para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará corregidor viejo para lo que reste del período, respetando el partido, género político o coalición por el cual fue inscrito el corregidor favorito.

    Los alcaldes locales serán designados por el corregidor longevo de terna enviada por la correspondiente acoplamiento administradora.

    En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al corregidor viejo.

    Los concejales y los ediles no podrán hacer parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas.
    (Artículo modificado por Decreto 99 de 2003 – modificación inciso 1 /
    Artículo modificado por Acto Legal 2/2002.

    ARTICULO 324. Las juntas administradoras locales distribuirán y apropiarán las partidas globales que en el presupuesto anual del Distrito se asignen a las localidades teniendo en cuenta las evacuación básicas insatisfechas de su población.

    Sobre las rentas departamentales que se causen en Santa Fe de Bogotá, la ley determinará la participación que le corresponda a la caudal de la República. Tal participación no podrá ser superior a la establecida en la momento de vigencia de esta Constitución.

    ARTICULO 325. Con el fin de avalar la ejecución de planes y programas de expansión integral y la prestación oportuna y eficaz de los servicios a su cargo, interiormente de las condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Hacienda podrá conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental.

    ARTICULO 326. Los municipios circunvecinos podrán incorporarse al Distrito Haber si así lo determinan los ciudadanos que residan en ellos mediante votación que tendrá ocasión cuando el concejo distrital haya manifestado su acuerdo con esta vinculación. Si ésta ocurre, al antiguo municipio se le aplicarán las normas constitucionales y legales vigentes para las demás localidades que conformen el Distrito Renta.

    ARTICULO 327. En las elecciones de Director y de diputados a la Asamblea Departamental de Cundinamarca no participarán los ciudadanos inscritos en el censo electoral del Distrito Renta.

    ARTICULO 328. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta conservarán su régimen y carácter.

    ARTICULO 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Doméstico, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

    Los resguardos son de propiedad colectiva y no transferible.

    La ley especificará las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.

    PARAGRAFO. En el caso de un circunscripción indígena que comprenda el distrito de dos o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este división decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.

    ARTICULO 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y profesarán las siguientes funciones:

    1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.
    2. Diseñar las políticas y los planes y programas de avance econóadefesio y social adentro de su condado, en armonía con el Plan Doméstico de Progreso.
    3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.
    4. Percibir y distribuir sus fortuna.
    5. Velar por la preservación de los medios naturales.
    6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su país.
    7. Colaborar con el mantenimiento del orden público en el interior de su país de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Doméstico.
    8. Representar a los territorios en presencia de el Gobierno Doméstico y las demás entidades a las cuales se integren; y
    9. Las que les señalen la Constitución y la ley.

    PARAGRAFO. La explotación de los capital naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.

    ARTICULO 331. Créase la Corporación Autónoma Regional del Río Sobresaliente de la Inconsolable encargada de la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación y distribución de energía y el utilización y preservación del entorno, los fortuna ictiológicos y demás capital naturales renovables.

    La ley determinará su organización y fuentes de financiación, y especificará en merced de los municipios ribereños un tratamiento peculiar en la asignación de regalías y en la participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación.

    TITULO XII – DEL REGIMEN ECONOMICO Y DE LA HACIENDA PUBLICA

    CAPITULO I – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

    ARTICULO 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los bienes naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.

    ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, interiormente de los límites del aceptablemente común. Para su gimnasia, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

    La independiente competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

    La empresa, como saco del avance, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado acorazará las organizaciones solidarias y estimulará el exposición empresarial.

    El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la desenvolvimiento económica y evitará o controlará cualquier exceso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado franquista.

    La ley delimitará el efecto de la espontaneidad económica cuando así lo exijan el interés social, el concurrencia y el patrimonio cultural de la Nación.

    ARTICULO 334. La dirección militar de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los fortuna naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los caudal, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del crecimiento y la preservación de un animación sano.

    El Estado, de guisa específico, intervendrá para dar pleno empleo a los medios humanos y consolidar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan camino efectivo a los posesiones y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el mejora armónico de las regiones.

    ARTICULO 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, beneficio e inversión de los capital de captación a las que se refiere el textual d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.

    ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.

    La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse ayer de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban permanecer privados del entrenamiento de una actividad económica lícita.

    La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa público.

    Las rentas obtenidas en el adiestramiento de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de sanidad.

    Las rentas obtenidas en el adiestramiento del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de vitalidad y educación.

    La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley.

    El Gobierno enajenará o eliminará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el progreso de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley.

    En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores.

    ARTICULO 337. La ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materias ecónomicas y sociales tendientes a promover su incremento.

    ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

    La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para delimitar tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

    Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la pulvínulo sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, decreto o acuerdo.

    CAPITULO II – DE LOS PLANES DE Ampliación

    ARTICULO 339. Habrá un plan franquista de exposición conformado por una parte genérico y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden doméstico. En la parte universal se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de extenso plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, ambiental y social, en específico las estrategias gubernamentales de lucha contra la pobreza. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas, estrategias, y proyectos de inversión pública franquista y la especificación de los bienes financieros requeridos para su ejecución.

    Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de forma concertada entre ellas y el Gobierno Franquista, Planes de Avance con el objeto de sostener el uso valioso de sus bienes, desarrollar estrategias de lucha contra la pobreza, y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.

    Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de corto y dilatado plazo.

    PARÁGRAFO transitorio. Una vez entre en vigencia el acto parlamento, modificatorio del artículo 339, el Gobierno Doméstico presentará a consideración del Congreso, en el interior de los tres (3) meses siguientes, las modificaciones necesarias para darle cumplimiento, por el resto del período constitucional de Gobierno.

    (Artículo modificado por Decreto 99 de 2003 y por Decreto 99 de 2005)

    ARTICULO 340. Habrá un Consejo Doméstico de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Franquista de Explicación.

    Los miembros del Consejo Doméstico serán designados por el Presidente de la República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se refiere el inciso antecedente, quienes deberán estar o deber estado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la ley.

    En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo determine la ley.

    El Consejo Franquista y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Doméstico de Planeación.

    ARTICULO 341. El Gobierno elaborará el Plan Franquista de Exposición de acuerdo con las metas anuales del recuento primario del sector público no financiero y con participación activa de las autoridades de planeación y de las entidades territoriales y someterá el plan correspondiente al concepto del Consejo Doméstico de Planeación. Oída la opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el tesina a consideración del Congreso, adentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo.

    Previo el noticia que elaboren las comisiones de cada cámara respecto a los temas afines a su distintivo, el Plan será discutido por el Gobierno con las bancadas parlamentarias regionales, integradas por los Representantes a la Cámara de cada circunscripción y dos Senadores en representación de las listas que obtuvieron las dos mayores votaciones para el Senado en el área respectivo. Los parlamentarios elegidos por circunscripción distinto indígena participarán en las regiones donde haya departamento y población indígena, los de circunscripción exclusivo de comunidades negras en aquellas regiones donde haya población negra con procesos de identidad propia legalmente reconocidos, los de minorías políticas en el sección donde su registro obtuvo la longevo votación y el congresista por los colombianos residentes en el foráneo lo hará en la bancada que corresponde a Bogotá. Cumplidos los pasos anteriores el plan de Plan de Expansión se batallará en las plenarias para su aprobación.

    Los desacuerdos con el contenido de la parte genérico, si los hubiere, no serán obstáculo para que el Gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida modificar la parte normal del plan, deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo posterior.

    El Plan Doméstico de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin requisito de expedición de leyes posteriores. Con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrá aumentar o disminuir las partidas y capital aprobados en la ley del plan. Si el Congreso no aprueba el Plan Franquista de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el Gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley.

    El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando mantenga el invariabilidad financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el esquema oficial o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá e l gastado bueno del Gobierno Franquista.

    PARÁGRAFO. El Gobierno Franquista fijará metas anuales de vaivén primario para el sector público no financiero que garanticen la sostenibilidad de grande plazo de la deuda pública consolidada del sector público no financiero.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de incremento y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Franquista de Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de exposición, y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución.

    ARTICULO 343. La entidad franquista de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine.

    ARTICULO 344. Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de mejora e inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley.

    En todo caso el organismo doméstico de planeación, de guisa selectiva, podrá cultivar dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial.

    CAPITULO III – DEL PRESUPUESTO

    ARTICULO 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Riquezas que no se halle incluida en el de gastos.

    Siquiera podrá hacerse ningún pago público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.

    Parágafo transitorio. Los gastos de funcionamiento de los órganos que conforman el presupuesto común de la Nación, de las entidades descentralizadas, autónomas, de naturaleza exclusivo o única, que administren capital públicos y de las territoriales, incluidos los salarios y las pensiones superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales, no se incrementarán con relación a los gastos del año 2002, durante un período de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto asamblea. Se exceptúan: el Sistema Común de Par ticipaciones de los departamentos, distritos y municipios; los gastos destinados a la expansión de la seguridad democrática, diferentes de los correspondientes a salarios; el cuota de nuevas pensiones y las nuevas cotizaciones a la seguridad social, o las compensaciones a que dé ocupación. Cualquier incremento de salarios y pensiones en el año 2003 estará sujeto a la decisión que adopte el constituyente primario sobre este artículo. De registrarse, a finales de diciembre del año 2003 o 2004, un incremento anual en la inflación, calculada de acuerdo con el IPC, superior al correspondiente para el año 2002, se incrementarán los salarios y pensiones en un porcentaje igual a la diferencia entre la inflación registrada en cada uno de estos años, y la correspondiente al año 2002.

    El capital de los departamentos, distritos y municipios, generado por el pequeño crecimiento del consumición financiado por el sistema normal de participaciones de los departamentos, distritos y municipios, lo destinarán las entidades territoriales para reservas del Fondo Franquista de Pensiones Territoriales, del Fondo de Prestaciones Sociales del Enseñanza, y para el pasivo pensional del sector vitalidad.

    (Modificado por Ley 796 de 2003)

    ARTICULO 346. El Gobierno formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que deberá corresponder al Plan Doméstico de Crecimiento y a las metas anuales del movimiento primario del sector público no financiero y lo presentará al Congreso, adentro de los primeros diez (10) días de cada sesión.

    En la Ley de Presupuesto se podrán conceder autorizaciones para reorientar rentas cedidas o asignadas y modificar leyes que decreten compra público, todo ello con carácter transitorio y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto.

    En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente agradecido, o a un compra decretado conforme a la ley preliminar, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan de Progreso.

    Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al plan de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. La correspondiente ponencia deberá rendirse por lo menos con un mes de antelación a su discusión en comisiones.

    Previamente a la discusión en comisiones conjuntas de asuntos económicos de las dos cámaras, y durante el mes después de su presentación se reunirán conjuntamente las comisiones constitucionales permanentes de las dos cámaras por singularidad, con el objeto de producir sendos conceptos o pliegos reformatorios respecto del plan de ley de presupuesto y en relación con los temas de su competencia. Los informes así producidos serán distribuidos a todos los miembros del Congreso y serán considerados durante el primer debate.

    Durante el mismo período los congresistas se reunirán por bancadas departamentales y Bogotá para examinar las partidas que se asignen al respectivo sección o al Distrito Renta, efectuando dicho estudio de forma desagregada y producirán un documentación con las mismas características del mencionado en el inciso antecedente, el cual tendrá el mismo trámite.

    Los Senadores formarán parte de la bancada del unidad donde hayan obtenido la anciano votación.

    El tesina de rentas y ley de apropiaciones deberá ser sometido a consideración para segundo debate en las plenarias a más tardar ocho (8) días ayer del vencimiento del término para la expedición del presupuesto del que comercio el artículo 349.

    Entre el 2 de mayo y el 20 de junio se realizarán audiencias públicas departamentales y distritales para escuchar a la comunidad.

    PARÁGRAFO 1o. Las modificaciones que se propongan en los informes de que tratan los incisos 4 y 5 del presente artículo deberán corresponder al Plan de Inversiones del Plan Doméstico de Avance y a los planes de inversión de los planes de expansión de las entidades territoriales. El esquema presentado al Congreso por el Gobierno, recolectará el resultado de audiencias públicas consultivas convocadas por los Gobiernos Doméstico, Departamentales y del Distrito Hacienda y del análisis hecho en el Congreso por las Comisiones Constitucionales y las Bancadas de cada sección y Bogotá. No incluirá partidas globales excepto las necesarias par a atender emergencias y catástrofes. La Ley Orgánica del Presupuesto reglamentará la materia, así como la realización de audiencias públicas especiales de control político, en las cuales los congresistas formularán los reclamos y aspiraciones de la comunidad.

    PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a la elaboración y aprobación en todas las entidades territoriales. Con excepción de los mecanismos establecidos en esta disposición, en ningún caso y en ningún tiempo los miembros de las corporaciones públicas podrán directamente o por intermedio de terceros, acordar con organismos o funcionarios del Estado la apropiación de partidas presupuestales o las decisiones de destinación de la inversión de dineros públicos.

    Los gastos de inversión, incluidos en el plan de presupuesto presentado al Congreso por el Gobierno, juntarán el resultado de audiencias públicas consultivas, convocadas por los gobiernos doméstico, departamentales y del Distrito Haber, y del análisis hecho en el Congreso por las comisiones constitucionales y las bancadas de cada área y Bogotá. El presupuesto no incluirá partidas globales, excepto las necesarias para atender emergencias y desastres. El Congreso de la República participará activamente en la dirección y control de los ingresos y los gastos públicos, lo cual comprenderá, tanto el análisis y la decisión sobre la inversión doméstico, como sobre la regional. La Ley Orgánica del Presupuesto reglamentará la materia, así como la realización de las audiencias públicas especiales de control político, en las cuales los congresistas formularán los reclamos y aspiraciones de la comunidad. Lo relativo a las audiencias, dispuesto en este artículo, se aplicará a la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, en todas las entidades territoriales.

    PARÁGRAFO. Con excepción de los mecanismos establecidos en el título XII de la Constitución Política, en ningún caso y en ningún tiempo, los miembros de las corporaciones públicas podrán, directamente o por intermedio de terceros, estipular con organismos o funcionarios del Estado la apropiación de partidas presupuestales, o las decisiones de destinación de la inversión de dineros públicos. Lo dispuesto en este parágrafo se aplicará a la elaboración y aprobación de presupuesto en todas las entidades territoriales.

    (Modificado por Ley 796 de 2003 – adición inciso final y parágrafo /
    Modificado por Decreto 99 de 2003 – inciso primero a noveno)

    ARTICULO 347. El plan de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, frente a las mismas comisiones que estudian el plan de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.

    El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el esquema de ley referente a los medios adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legal subsiguiente.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO. Durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 el monto total de las apropiaciones autorizadas por la ley anual de presupuesto para gastos generales, diferentes de los destinados al suscripción de pensiones, vitalidad, gastos de defensa, servicios personales, al Sistema Genérico de Participaciones y a otras transferencias que señale la ley, no podrá incrementarse de un año a otro, en un porcentaje superior al de la tasa de inflación causada para cada uno de ellos, más el uno punto cinco por ciento (1.5%).

    La restricción al monto de las apropiaciones, no se aplicará a las necesarias para atender gastos decretados con las facultades de los Estados de Excepción.

    (Modificado por Acto Legal Núsolo 1 de 2001)

    ARTICULO 348. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno adentro de los términos del artículo precedente; si el presupuesto no hubiere sido presentado adentro de dicho plazo, regirá el del año mencionado, pero el Gobierno podrá resumir gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo gimnasia.

    ARTICULO 349. Durante los tres primeros meses de cada sesión, y estrictamente de acuerdo con las reglas de la Ley Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el Presupuesto Normal de Rentas y Ley de Apropiaciones.

    Los cómputos de las rentas, de los capital del crédito y los provenientes del oscilación del Hacienda, no podrán aumentarse por el Congreso sino con el concepto previo y inclinado suscrito por el ministro del ramo.

    ARTICULO 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado desembolso público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de refriega foráneo o por razones de seguridad franquista, el desembolso público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

    En la distribución territorial del consumición público social se tendrá en cuenta el núúnico de personas con evacuación básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley.

    El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año preparatorio respecto del pago total de la correspondiente ley de apropiaciones.

    ARTICULO 351. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo.

    El Congreso podrá eliminar o acortar partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341.

    Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas del tesina respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme a lo prescrito en el inciso final del artículo 349 de la Constitución.

    ARTICULO 352. Además de lo señveloz en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel burócrata, y su coordinación con el Plan Doméstico de Crecimiento, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.

    ARTICULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.

    ARTICULO 354. Habrá un Contador Universal, funcionario de la rama ejecutiva, quien soportará la contabilidad caudillo de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.

    Corresponden al Contador Universal las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el vaivén universal y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.

    PARAGRAFO. Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno Franquista destinará al Congreso el cálculo de la Hacienda, auditado por la Contraloría Militar de la República, para su conocimiento y análisis.

    ARTICULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en distinción de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

    El Gobierno, en los niveles doméstico, departamental, distrital y municipal podrá, con posibles de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de rendimiento y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Doméstico y los planes seccionales de Progreso. El Gobierno Doméstico reglamentará la materia.

    Así mismo, queda prohibida cualquier forma de concesión de auxilios con capital de origen público, aceptablemente sean de la Nación, los departamentos o los municipios, sus entidades descentralizadas, o los establecimientos públicos o las empresas industriales y comerciales, o las sociedades de economía mixta, mediante apropiaciones, donaciones o contratos que tengan por destino final, en todo o en parte, apoyar campañas políticas, reconocer apoyos o comprometer la independencia de los miembros de corporaciones públicas de elección popular.

    Sin perjuicio de las demás sanciones a que haya ocasión, la violación de estas prohibiciones constituye causal de destitución o desvinculación para el servidor público que la promueva, tolere o ejecute, lo mismo que de inhabilidad para el entrenamiento, en el futuro, de cualquier otro cargo o función pública, y de pérdida de investidura para el congresista, diputado, concejal o miembro de juntas administradoras locales que la consume.

    (Modificado por Ley 796 de 2003)

    CAPITULO IV – DE LA DISTRIBUCION DE Medios Y DE LAS COMPETENCIAS

    ARTICULO 356. Fuera de lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para sensación de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los bienes para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema Normal de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios.

    Los Distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos para mercancía de la distribución del Sistema Universal de Participaciones que establezca la ley.

    Para estos mercadería, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. Así mismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos indígenas, siempre y cuando estos no se hayan constituido en entidad territorial indígena.

    Los capital del Sistema Genérico de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de vigor y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando la prestación de los servicios y la ampliación de cobertura.

    Teniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, la ley señalará los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de los departamentos, distritos y municipios.

    La ley reglamentará los criterios de distribución del Sistema Genérico de Participaciones de los Departamentos, Distritos, y Municipios, de acuerdo con las competencias que le asigne a cada una de estas entidades; y contendrá las disposiciones necesarias para poner en operación el Sistema Genérico de Participaciones de éstas, incorporando principios sobre distribución que tengan en cuenta los siguientes criterios:

    1. Para educación y salubridad: población atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad;
    2. Para otros sectores: población, reparto entre población y urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y pobreza relativa.

    No se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los bienes fiscales suficientes para atenderlas.

    Los medios del Sistema Común de Participaciones de los Departamentos, Dis tritos, y Municipios se distribuirán por sectores que defina la ley.

    El monto de bienes que se asigne para los sectores de lozanía y educación, no podrá ser inferior al que se transfería a la expedición del presente acto constitucional a cada uno de estos sectores.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Gobierno deberá presentar el tesina de ley que regule la organización y funcionamiento del Sistema Común de Participaciones de los Departamentos, Distritos, y Municipios, a más tardar el primer mes de sesiones del próximo período asamblea.

    (Modificado por Acto Legal Núúnico 1 de 1995 y Acto Legal Núsimple 1 de 2001)

    ARTICULO 357. El monto del Sistema Militar de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluida la correspondiente al capacidad del presupuesto en ejecución.

    Para enseres del cálculo de la variación de los ingresos corrientes de la Nación a que se refiere el inciso mencionado, estarán excluidos los tributos que se arbitren por medidas de estados de excepción, incólume que el Congreso, durante el año próximo les otorgue el carácter permanente.

    Los municipios clasificados en las categorías cuarta, chale y sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar independientemente, para inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta un veintiocho (28%) de los medios que perciban por concepto del Sistema Normal de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios, exceptuando los bienes que se destinen para educación y sanidad.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. El Sistema Común de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios tendrá como almohadilla auténtico el monto de los capital que la Nación transfería a las entidades territoriales antaño de entrar en vigencia este acto parlamento, por concepto de situado fiscal, participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación y las transferencias complementarias al situado fiscal para educación, que para el año 2001 se valoran en la suma de diez punto novecientos sesenta y dos (10.962) billones de pesos.

    En el caso de educación, la saco original contempla los costos por concepto de docentes y administrativos pagados con situado fiscal y el fondo de compensación educativa, docentes y otros gastos en educación financiados a nivel distrital y municipal con las participaciones en los ingresos corrientes de la nación, y los docentes, personal oficinista de los planteles educativos y directivos docentes departamentales y municipales pagados con posibles propios, todos ellos a 1o. de noviembre del 2000. Esta incorporación será automática a partir del 1o. de enero de 2002.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Durante los años comprendidos entre 2002 y 2008 el monto del Sistema Genérico de Participaciones crecerá en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más un crecimiento adicional que aumentará en forma escalonada así: Para los años 2002, 2003, 2004 y 2005 el incremento será de 2%; para los años 2006, 2007 y 2008 el incremento será de 2.5%.

    Si durante el período de transición el crecimiento verdadero de la economía (p roducto interno bruto) certificado por el DANE en el mes de mayo del año venidero es superior al 4%, el crecimiento adicional del Sistema Normal de Participaciones de que tráfico el presente parágrafo se incrementará en una proporción equivalente al crecimiento que supere el 4%, previo descuento de los porcentajes que la Nación haya tenido que contraer, cuando el crecimiento existente de la economía no haya sido suficiente para financiar el 2% adicional durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005, y 2.5% adicional para los años 2006, 2007 y 2008.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO 3o. Al finalizar el período de transición, el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación destinados para el Sistema Caudillo de Participación será como mínimo el porcentaje que constitucionalmente se transfiera en el año 2001. La Ley, a iniciativa del Congreso, establecerá la gradualidad del incremento acreditado en este parágrafo.

    En todo caso, después del período de transición, el Congreso, cada cinco años y a iniciativa propia a través de ley, podrá incrementar el porcentaje.

    Igualmente durante la vigencia del Sistema Normal de Participaciones de los Departamentos, Distritos, y Municipios, el Congreso de la República, podrá revisar por iniciativa propia cada cinco años, la colchoneta de liquidación de éste.

    (Artículo modificado por Acto Constituyente Núsimple 1 de 1995 y Acto Asamblea Núexclusivo 1 de 2001)

    ARTICULO 358. Para los existencias contemplados en los dos artículos anteriores, entiéndese por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios con excepción de los posibles de haber.

    ARTICULO 359. No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se exceptúan:

    1. Las participaciones previstas en la Constitución a valimiento de los Departamentos, Distritos y Municipios.

    2. Las destinadas para inversión social.

    3. Las que, con cojín en las leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías.

    4. El 25% de los posibles del impuesto del valía asociado IVA que se recaude a nivel doméstico, se destinarán única y exclusivamente al fortalecimiento de los planes y programas de inversión social en un 13% para los municipios con menos de 25.000 habitantes, un 4% para todos los corregimientos, un 4% para los resguardos indígenas y un 4% para los estratos uno (1), dos (2) y tres (3) de los Distritos y Municipios del país.

    Estos medios destinados según el numeral antedicho, se distribuirán en los siguientes sectores así:

    Para la salubridad básica primaria, acueductos, electrificación, alcantarillado domiciliario y hogares comunitarios.

    Para educación básica primaria, educación en técnicas agropecuarias y de pesca, reforestación de especies autóctonas, técnicas en tratamientos de ríos, lagunas y ciénagas.

    Para créditos agropecuarios, para auxilio técnica y mejoramiento de calidad de vida del campesino.

    Para el tratamiento de enfermedades infantiles de detención costo no incluidas en el régimen de salubridad.

    Para exposición de planes de vivienda, vitalidad y educación para la población desplazada por la violencia.

    Para subsidio de tarifas de energía, conducción y alcantarillado de los estratos 1, 2 y 3.

    Para acorazar el fondo pensional de los jubilados de las Universidades Públicas, el cual será inembargable.

    Para seguridad social y reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios.

    Para asegurar planes de vivienda y seguridad social para los periodistas y artistas colombianos, definidos en la Ley 25 de 1985, y

    Para el deporte.

    Para la protección y la socorro de las personas de la tercera etapa, y para la atención especializada que requieran los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos.

    PARÁGRAFO. No se podrá volver más de un 20% del arbitrio destinado en el numeral 4o de este artículo, en un mismo sector.

    (Artículo adicionado por Decreto 1718 de 2001)

    ARTICULO 360. La ley determinará las condiciones para la explotacion de los fortuna naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos.

    La explotación de un solicitud natural no renovable causará a valenza del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte.

    Los departamentos y municipios en cuyo país se adelanten explotaciones de posibles naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos capital o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones.

    ARTICULO 361. Los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos, municipios y distritos productores y portuarios, y a Cormagdalena, se destinarán a las entidades territoriales, en los términos que señale la ley.

    Estos fondos se aplicarán así: el 56% a la ampliación de la cobertura con calidad en educación preescolar, básica y media. El 36% para agua potable y saneamiento básico, el 7% para el Fondo Franquista de Pensiones de las Entidades Territoriales, y el 1% para inversión en la recuperación del río Cauca.

    En la ejecución de estos medios se dará prioridad a la participación de los destinados a la educación.

    La ley, a iniciativa del Gobierno, reglamentará la materia.

    PARÁGRAFO TRANSITORIO. Serán respetados los medios provenientes de regalías que se vincularon, por varias vigencias fiscales, para atender compromisos adquiridos por las entidades territoriales.

    (Modificado por Ley 796 de 2003)

    ARTICULO 362. Los riqueza y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad monopolio y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares.

    Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, menos temporalmente en caso de combate exógeno.

    ARTICULO 363. El sistema tributario se manguita en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

    Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.

    ARTICULO 364. El endeudamiento interno y extranjero de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de cuota. La ley regulará la materia.

    CAPITULO V – DE LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

    ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado fijar su prestación eficaz a todos los habitantes del región franquista.

    Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la viejoía de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del control de una actividad lícita.

    ARTICULO 366. El bienestar militar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las micción insatisfechas de vitalidad, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

    Para tales enseres, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el pago público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

    ARTICULO 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.

    Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.

    La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.

    ARTICULO 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan remunerar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus micción básicas.

    ARTICULO 369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente determinará la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios.

    ARTICULO 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y cultivar por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

    CAPITULO VI – DE LA BANCA CENTRAL.

    ARTICULO 371. El Costado de la República cultivará las funciones de banca central. Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen reglamentario propio.

    Serán funciones básicas del Cárcel de la República: regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda reglamentario; tener la llave de la despensa las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se profesarán en coordinación con la política económica caudillo.

    El Parcialidad rendirá al Congreso referencia sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que se le soliciten.

    ARTICULO 372. Los miembros de dedicación monopolio de la Corporación Directiva del Porción de la República, no podrán aceptar cargo directivo o prestar sus servicios a entidades de carácter financiero de todo orden, internamente del año futuro a su renuncia al cargo o terminación del período para el cual fueron nombrados.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 373. El Estado, por intermedio del Sotabanco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El Tira no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a confianza de particulares, exceptuado cuando se trate de intermediación de crédito forastero para su colocación por medio de los establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de solvencia para los mismos. Las operaciones de financiamiento a gracia del Estado requerirán la aprobación unánime de la sociedad directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado extenso. El diputado, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a crédito del Estado o de los particulares.

    TITULO XIII – DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

    ARTICULO 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

    ARTICULO 375. Podrán presentar proyectos de acto parlamentario el Gobierno, diez (10) miembros del Congreso, el quince por ciento (15%) de los concejales o de los diputados, y los ciudadanos al menos el cinco por ciento (5%) del censo electoral.

    El trámite del tesina tendrá empleo en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aceptado en el primero de ellos por la longevoía de los asistentes, el esquema será publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la decanoía de los miembros de cada Cámara.

    En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero.

    (Modificado por Decreto 99 de 2003)

    ARTICULO 376. Mediante ley aprobada por viejoía de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine.

    Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea, si así lo aprueba, cuando menos, una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos, en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección estará en suspenso la aquiescencia ordinaria del Congreso para reparar la Constitución durante el término señrápido para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento.

    ARTICULO 377. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, adentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Constitucional, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto placa de la maduroía de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral.

    ARTICULO 378. Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la decanoía de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo un esquema de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de modo que los electores puedan escoger independientemente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente.

    La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la medio de los sufragantes, y que el núsimple de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral.

    ARTICULO 379. Los Actos Legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente, sólo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título.

    La acción pública contra estos actos sólo procederá en el interior del año futuro a su promulgación, con observancia de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 2.

    ARTICULO 380. Queda derogada la Constitución hasta ahora válido con todas sus reformas. Esta Constitución rige a partir del día de su promulgación.

    DISPOSICIONES TRANSITORIAS

    CAPITULO I.

    ARTICULO TRANSITORIO 1. Convócase a elecciones generales del Congreso de la República para el 27 de octubre de 1991.

    El Congreso así favorito, tendrá el período que termina el 19 de julio de 1994.

    La Registraduría del Estado Civil, inaugurará un período de inscripción de cédulas de ciudadanía.

    ARTICULO TRANSITORIO 2. No podrán ser candidatos en dicha elección los delegatarios de la Asamblea Constituyente de pleno derecho ni los actuales Ministros del Despacho.

    Siquiera podrán serlo los funcionarios de la Rama Ejecutiva que no hubieren renunciado a su cargo antiguamente del 14 de junio de 1991.

    ARTICULO TRANSITORIO 3. Mientras se instala, el 1 de diciembre de 1991 el nuevo congreso, el presente y sus comisiones entrarán en descanso y no podrán desempeñar ninguna de sus atribuciones ni por iniciativa propia ni por convocatoria del Presidente de la República.

    ARTICULO TRANSITORIO 4. El Congreso favorito el 27 de octubre de 1991 sesionará ordinariamente así:

    Del 1o. al 20 de diciembre de 1991 y del 14 de enero al 26 de junio de 1992. A partir del 20 de julio de 1992 su régimen de sesiones será el prescrito en esta Constitución.

    ARTICULO TRANSITORIO 5. Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para:

    1. Expedir las normas que organicen la Fiscalía Universal y las normas de procedimiento penal;
    2. Reglamentar el derecho de tutela;
    3. Tomar las medidas administrativas necesarias para el funcionamiento de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura:
    4. Expedir el Presupuesto Militar de la Nación para la vigencia de 1992;
    5. Expedir normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.

    ARTICULO TRANSITORIO 6. Créase una Comisión Exclusivo de treinta y seis miembros elegidos por cuociente electoral por la Asamblea Doméstico Constituyente, la medio de los cuales podrán ser Delegatarios, que se reunirá entre el 15 de julio y el 4 de octubre de 1991 y entre el 18 de noviembre de 1991 y el día de la instalación del nuevo Congreso. La elección se realizará en sesión convocada para este objeto el 4 de julio de 1991.

    Esta Comisión Singular tendrá las siguientes atribuciones:

    1. Improbar por la viejoía de sus miembros, en todo o en parte, los proyectos de decreto que prepare el Gobierno Franquista en examen de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el artículo aludido y en otras disposiciones del presente Acto Constituyente, excepto los de nombramientos.
      Los artículos improbados no podrán ser expedidos por el Gobierno.
    2. Preparar los proyectos de ley que considere convenientes para desarrollar la Constitución. La Comisión Particular podrá presentar dichos proyectos para que sean debatidos y aprobados por el Congreso de la República.
    3. Reglamentar su funcionamiento.

    PARAGRAFO. Si la Comisión Exclusivo no aprueba antaño del 15 de diciembre de 1991 el esquema de presupuesto para la vigencia fiscal de 1992, regirá el del año precedente, pero el Gobierno podrá resumir gastos, y, en consecuencia, suprimir o fusionar empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo prueba.

    ARTICULO TRANSITORIO 7. El Presidente de la República designará un representante del Gobierno delante la Comisión Particular, que tendrá voz e iniciativa.

    ARTICULO TRANSITORIO 8. Los decretos expedidos en adiestramiento de las facultades de Estado de Sitio hasta la data de promulgación del presente Acto Constituyente, continuarán rigiendo por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno Doméstico podrá convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si la Comisión Específico no los imprueba.

    ARTICULO TRANSITORIO 9. Las facultades extraordinarias para cuyo prueba no se hubiere señligero plazo singular, expirarán quince días después de que la Comisión Singular cese definitivamente en sus funciones.

    ARTICULO TRANSITORIO 10. Los decretos que expida el Gobierno en examen de las facultades otorgadas en los anteriores artículos tendrán fuerza de ley y su control de constitucionalidad corresponderá a la Corte Constitucional.

    ARTICULO TRANSITORIO 11. Las facultades extraordinarias a que se refiere el Artículo Transitorio 5, cesarán el día en que se instale el Congreso favorito el 27 de octubre de 1991.

    En la misma término la comisión peculiar creada por el artículo transitorio 6 también cesará en sus funciones.

    ARTICULO TRANSITORIO 12. Con el fin de proporcionar la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que tendrán área el 27 de octubre de 1991, o nombrar directamente por una sola vez, un núsolo plural de Congresistas en cada Cámara en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados.

    El núpuro será establecido por el Gobierno Franquista, según valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los Senadores y Representantes a que se refiere este artículo serán convenidos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros y su designación corresponderá al Presidente de la República.

    Para los artículos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser Congresista.

    ARTICULO TRANSITORIO 13. En el interior de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno podrá dictar las disposiciones que fueren necesarias para favorecer la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados que se encuentren vinculados a un proceso de paz bajo su dirección; para mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas donde ellos estuvieran presentes; y para proveer a la organización territorial, organización y competencia municipal, servicios públicos y funcionamiento e integración de los cuerpos colegiados municipales en dichas zonas.

    El Gobierno Doméstico entregará informes periódicos al Congreso de la República sobre el cumplimiento y incremento de este artículo.

    ARTICULO TRANSITORIO 14. Internamente de la vigencia que se inicia el primero de diciembre de 1991, el Congreso Franquista, el Senado de la República y la Cámara de Representantes expedirán su respectivo reglamento. De no hacerlo, lo expedirá el Consejo de Estado, interiormente de los tres meses siguientes.

    ARTICULO TRANSITORIO 15. La primera elección de Vicepresidente de la República se efectuará en el año de 1994. Entre tanto, para suplir las faltas absolutas o temporales del Presidente de la República se conservará el susodicho sistema de Designado, por lo cual, una vez vencido el período del preferido en 1990, el Congreso en pleno designará uno nuevo para el período de 1992-1994.

    ARTICULO TRANSITORIO 16. Incólume los casos que señale la Constitución, la primera elección popular de gobernadores se celebrará el 27 de octubre de 1991.

    Los gobernadores elegidos en esa data tomarán posesión el 2 de enero de 1992.

    ARTICULO TRANSITORIO 17. La primera elección popular de Gobernadores en los departamentos del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada se hará a más tardar en 1997.

    La ley puede fijar una momento mencionado. Hasta tanto, los gobernadores de los mencionados departamentos serán designados y podrán ser removidos por el Presidente de la República.

    ARTICULO TRANSITORIO 18. Mientras la ley establece el régimen de inhabilidades para los gobernadores, en las elecciones del 27 de octubre de 1991 no podrán ser elegidos como tales:

    1. Quienes en cualquier época hayan sido condenados por sentencia legislativo a pena privativa de la arbitrio, con excepción de quienes lo hubieran sido por delitos políticos o culposos.
    2. Quienes en el interior de los seis meses anteriores a la elección hubieren ejercido como empleados públicos jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o marcial a nivel doméstico o en el respectivo unidad.
    3. Quienes estén vinculados por connubio o parentesco interiormente del tercer calidad de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con quienes se inscriban como candidatos en las mismas elecciones a Congreso de la República.
    4. Quienes en el interior de los seis meses anteriores a la elección, hayan intervenido en la gestión de asuntos o en la celebración de contratos con entidades públicas, en su propio interés o en interés de terceros.

    La prohibición establecida en el numeral dos de este artículo no se aplica a los miembros de la Asamblea Franquista Constituyente.

    ARTICULO TRANSITORIO 19. Los alcaldes, concejales y diputados que se elijan en 1992 ejercitarán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1994.

    CAPITULO II.

    ARTICULO TRANSITORIO 20. El Gobierno Franquista, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o Derecho Burócrata designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Doméstico y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden doméstico, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en singular, con la redistribución de competencias y capital que ella establece.

    ARTICULO TRANSITORIO 21. Las normas legales que desarrollen los principios consignados en el artículo 125 de la Constitución serán expedidas por el Congreso adentro del año futuro a su instalación. Si en este plazo el Congreso no las dicta, el Presidente de la República queda facultado para expedirlas en un término de tres meses.

    A partir de la expedición de las normas legales que regulen la carrera, los nominadores de los servidores públicos la aplicarán en un término de seis meses.

    El incumplimiento de los términos señalados en el inciso previo será causal de mala conducta.

    Mientras se expiden las normas a que hace remisión este artículo, continuarán vigentes las que regulan actualmente la materia en cuanto no contraríen la Constitución.

    CAPITULO III.

    ARTICULO TRANSITORIO 22. Mientras la ley no fije otro núsolo, la primera Corte Constitucional estará integrada por siete magistrados que serán designados para un período de un año así:

    Dos por el Presidente de la República;

    Uno por la Corte Suprema de Jurisprudencia;

    Uno por el Consejo de Estado, y

    Uno por el Procurador Normal de la Nación.

    Los magistrados así elegidos designarán los dos restantes, de ternas que presentará el Presidente de la República.

    La elección de los Magistrados que corresponde a la Corte Suprema de Rectitud, al Consejo de Estado, al Presidente de la República y al Procurador Universal de la Nación, deberá hacerse interiormente de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. El incumplimiento de este deber será causal de mala conducta y si no se efectuare la elección por alguno de los órganos mencionados en dicho término, la misma se hará por los magistrados restantes debidamente elegidos.

    PARAGRAFO 1o. Los miembros de la Asamblea Constituyente no podrán ser designados Magistrados de la Corte Constitucional en virtud de este procedimiento extraordinario.

    PARAGRAFO 2o. La inhabilidad establecida en el artículo 240 para los Ministros y Magistrados de la Corte Suprema de Rectitud y del Consejo de Estado no es aplicable para la integración inmediata de la Corte Constitucional que prevé este artículo.

    ARTICULO TRANSITORIO 23. Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el interior de los dos meses siguientes a la promulgación de la Constitución dicte mediante decreto, el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse frente a la Corte Constitucional.

    En todo tiempo el Congreso podrá derogar o modificar las normas así establecidas.

    Mientras se expide el decreto previsto en el inciso primero, el funcionamiento de la Corte Constitucional y el trámite y despacho de los asuntos a su cargo, se regirán por las normas pertinentes del decreto 432 de 1969.

    ARTICULO TRANSITORIO 24. Las acciones públicas de inconstitucionalidad instauradas antiguamente del 1 de junio de 1991 continuarán siendo tramitadas y deberán ser decididas por la Corte Suprema de Ecuanimidad, interiormente de los plazos señalados en el decreto 432 de 1969.

    Las que se hubieren iniciado con posterioridad a la momento citada, deberán ser remitidas a la Corte Constitucional en el estado en que se encuentren.

    Una vez sean fallados todos los procesos por la Corte Suprema de Equidad conforme al inciso primero del presente artículo, su Sala Constitucional cesará en el gimnasia de sus funciones.

    ARTICULO TRANSITORIO 25. El Presidente de la República designará por primera y única vez a los miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

    La Sala Administrativa será integrada con arreglo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 254 de la Constitución.

    ARTICULO TRANSITORIO 26. Los procesos que se adelanten actualmente en el Tribunal Disciplinario, continuarán tramitándose sin interrupción alguna por los magistrados de dicha corporación y producirseán al conocimiento de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desde la instalación de la misma.

    ARTICULO TRANSITORIO 27. La Fiscalía Común de la Nación entrará a funcionar cuando se expidan los decretos extraordinarios que la organicen y los que establezcan los nuevos procedimientos penales, en explicación de las facultades concedidas por la Asamblea Franquista Constituyente al Presidente de la República.

    En los decretos respectivos se podrá, sin incautación, disponer que la competencia de los distintos despachos judiciales se vaya asignando a medida que las condiciones concretas lo permitan, sin exceder del 30 de junio de 1992, omitido para los jueces penales municipales, cuya implantación se podrá extender por el término de cuatro años contados a partir de la expedición de esta reforma, según lo dispongan el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal Común de la Nación.

    Las actuales fiscalías de los juzgados superiores, penales del circuito y superiores de aranceles, y de orden público, acontecerán a la Fiscalía Genérico de la Nación. Las demás fiscalías se incorporarán a la estructura orgánica y a la planta de personal de la Procuraduría. El Procurador Normal señalará la denominación, funciones y sedes de estos servidores públicos, y podrá designar a quienes venían ejerciendo dichos cargos, conservando su remuneración y régimen prestacional.

    La Procuraduría Delegada en lo Penal continuará en la estructura de la Procuraduría Normal de la Nación.

    Igualmente producirseán a la Fiscalía Universal de la Nación, la dirección doméstico y las direcciones seccionales de instrucción criminal, el cuerpo técnico de policía procesal, y los juzgados de instrucción criminal de la imparcialidad ordinaria, de orden público y penal aduanera.

    La Dirección Franquista de Medicina Procesal del Tarea de Probidad, con sus dependencias seccionales, se integrará a la Fiscalía Caudillo como establecimiento público adscrito a la misma.

    Las dependencias que se integren a la Fiscalía Común acaecerán a ella con todos sus bienes humanos y materiales, en los términos que señale la ley que la organice.

    ARTICULO TRANSITORIO 28. Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos.

    ARTICULO TRANSITORIO 29. Para la aplicación en cualquier tiempo de las normas que prohiben la reelección de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Conciencia y del Consejo de Estado, sólo se tomarán en cuenta las elecciones que se produzcan con posterioridad a la promulgación de la presente reforma.

    ARTICULO TRANSITORIO 30. Autorízase al Gobierno Franquista para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con prioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal propósito el Gobierno Franquista expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá tirarse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima.

    CAPITULO IV.

    ARTICULO TRANSITORIO 31. Transcurrido un mes desde la instalación del Congreso predilecto el 27 de octubre de 1991, el Consejo de Estado designará los miembros del Consejo Franquista Electoral en proporción a la representación que alcancen los partidos y movimientos políticos en el Congreso de la República.

    Dicho Consejo permanecerá en prueba de sus funciones hasta el 1 de septiembre de 1994.

    ARTICULO TRANSITORIO 32. Mientras se integra el Consejo Franquista Electoral en los términos que establece la Constitución, la composición contemporáneo de este órgano será ampliada con cuatro miembros designados por el Consejo de Estado, de ternas presentadas por los partidos y movimientos que no se encuentren representados en aquel, en la proporción de los resultados de las elecciones celebradas el 9 de diciembre de 1990, otorgando dos a la serie mayoritaria y uno a cada una de las listas no representadas que le siguieron en votos. Tales nombramientos deberán hacerse antaño del quince de julio de 1991.

    ARTICULO TRANSITORIO 33. El período del presente Registrador Doméstico del Estado Civil concluye el 30 de septiembre de 1994.

    El período del Registrador Doméstico del Estado Civil a que se refiere esta Constitución abrirá a contarse a partir del 1o. de octubre de 1994.

    ARTICULO TRANSITORIO 34. El Presidente de la República, en un plazo no veterano de ocho días hábiles contados a partir de la promulgación de esta Constitución, designará, por un período de tres años un ciudadano que tendrá la función de impedir de oficio, o a petición de parte, el uso de posibles originalmente provenientes del fortuna público, o del extranjero, en las campañas electorales que se efectúen en el término indicado, exceptuando la financiación de las campañas electorales conforme a la Constitución o la ley. Para este sorpresa tendrá derecho a pedir y a obtener la colaboración de la Procuraduría Militar de la Nación, de la Contraloría Normal de la República, de todas las entidades públicas que ejerzan atribuciones de control y vigilancia y de los organismos que ejerzan funciones de policía legal.

    El Presidente de la República reglamentará esta norma y le prestará al ciudadano designado todo el apoyo burócrata y financiero que le fuere indispensable.

    ARTICULO TRANSITORIO 35. El Consejo Franquista Electoral rastreará automáticamente personería jurídica a los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Doméstico Constituyente que se lo soliciten.

    CAPITULO V.

    ARTICULO TRANSITORIO 36. Los actuales Contralor Normal de la República y Procurador Universal de la Nación continuarán en el control de sus cargos, hasta tanto el Congreso seleccionado para el período constitucional de 1994-1998, realice la nueva elección, la que deberá hacer internamente de los primeros treinta días siguientes a su instalación.

    ARTICULO TRANSITORIO 37. El primer Defensor del Pueblo será electo por el Procurador Común de la Nación, de terna enviada por el Presidente de la República, en un plazo no viejo de treinta días.

    CAPITULO VI.

    ARTICULO TRANSITORIO 38. El Gobierno organizará e integrará, en el término de seis meses, una Comisión de Ordenamiento Territorial, encargada de realizar los estudios y formular frente a las autoridades competentes las recomendaciones que considere del caso para acomodar la división territorial del país a las disposiciones de la Constitución. La Comisión cumplirá sus funciones durante un período de tres años, pero la ley podrá darle carácter permanente. En este caso, la misma ley fijará la periodicidad con la cual presentará sus propuestas.

    ARTICULO TRANSITORIO 39. Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por un término de tres meses, para expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales se asegure la debida organización y el funcionamiento de los nuevos departamentos erigidos como tales en la Constitución.

    En deporte de estas facultades el Gobierno podrá suprimir las instituciones nacionales encargadas de la administración de las antiguas intendencias y comisarías y asignar a las entidades territoriales los beneficios nacionales que a motivo del Gobierno deban pertenecerles.

    ARTICULO TRANSITORIO 40. Son válidas las creaciones de municipios hechas por las Asambleas Departamentales ayer del 31 de diciembre de 1990.

    ARTICULO TRANSITORIO 41. Si durante los dos años siguientes a la momento de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen singular para el Distrito Haber de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes.

    ARTICULO TRANSITORIO 42. Mientras el Congreso expide las leyes de que prostitución el artículo 310 de la Constitución, el Gobierno adoptará por decreto, las reglamentaciones necesarias para controlar la densidad de población del Unidad Archipiéestero de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en procura de los fines expresados en el mismo artículo.

    CAPITULO VII.

    ARTICULO TRANSITORIO 43. Para financiar el funcionamiento de las nuevas instituciones y atender las obligaciones derivadas de la reforma constitucional que no hayan sido compensadas por disminución de gastos o traslados de responsabilidades, el Congreso podrá, por una sola vez disponer ajustes tributarios cuyo producto se destine exclusivamente a la Nación.

    Si en un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la instalación del Congreso, éste no ha efectuado tales ajustes fiscales y es evidente que los esfuerzos de la administración para hacer más eficaz el recaudo y para disminuir el compra público a nivel franquista no han sido suficientes para cubrir los nuevos gastos, el Gobierno Franquista podrá, por una sola vez, mediante decreto con fuerza de ley, realizar dichos ajustes.

    ARTICULO TRANSITORIO 44. El situado fiscal para el año de 1992 no será inferior al de 1991 en pesos constantes.

    ARTICULO TRANSITORIO 45. Los distritos y municipios percibirán como mínimo, durante la vigencia fiscal de 1992, las participaciones en el impuesto al valencia anejo IVA establecidas en la ley 12 de 1986. A partir de 1993 entrará a regir lo dispuesto en el artículo 357 de la Constitución, sobre participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.

    La ley, sin retención, establecerá un régimen paulatino y progresivo de transición a partir de 1993 y por un período de tres años, al extremidad del cual entrarán en vigencia los nuevos criterios de distribución señalados en el citado artículo. Durante el período de transición el valencia que reciban los distritos y municipios por concepto de participaciones no será inferior, en ningún caso, al percibido en 1992, en pesos constantes.

    ARTICULO TRANSITORIO 46. El Gobierno Doméstico pondrá en funcionamiento, por un período de cinco años, un fondo de solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia de la República. Este fondo financiará proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población colombiana.

    El fondo deberá apañarse, además, posibles de cooperación doméstico e internacional.

    ARTICULO TRANSITORIO 47. La ley organizará para las zonas afectadas por aguda violencia, un plan de seguridad social de emergencia, que cubrirá un período de tres años.

    ARTICULO TRANSITORIO 48. Adentro de los tres meses siguientes a la instalación del Congreso de la República el Gobierno presentará los proyectos de ley relativos al régimen jurídico de los servicios públicos; a la fijación de competencias y criterios generales que regirán la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como su financiamiento y régimen tarifario; al régimen de participación de los representantes de los municipios atendidos y de los usuarios en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten los servicios, así como los relativos a la protección, deberes y derechos de aquellos y al señalamiento de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.

    Si al término de las dos siguientes legislaturas no se expidieren las leyes correspondientes, el Presidente de la República pondrá en vigencia los proyectos mediante decretos con fuerza de ley.

    ARTICULO TRANSITORIO 49. En la primera tiempo posterior a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno presentará al Congreso los proyectos de ley de que tratan los artículos 150 numeral 19 igual d, 189 numeral 24 y 335, relacionados con las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, rendimiento e inversión de capital captados del público.

    Si al término de las dos legislaturas ordinarias siguientes, este último no los expide, el Presidente de la Republica pondrá en vigencia los proyectos, mediante decretos con fuerza de ley.

    ARTICULO TRANSITORIO 50. Mientras se dictan las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, beneficio e inversión de los fortuna captados del público, el Presidente de la República practicará, como atribución constitucional propia, la intervención en estas actividades.

    ARTICULO TRANSITORIO 51. Mientras se dicten las leyes correspondientes, la nueva Acoplamiento del Faja de la República que nombrará provisionalmente el Presidente interiormente del mes sucesivo a la entrada en vigencia de esta Constitución, aceptará las funciones que actualmente corresponden a la Trabazón Monetaria, las cuales cumplirá conforme a lo previsto en la Constitución.

    La ley determinará las entidades a las cuales se trasladarán los fondos de fomento administrados por el Costado, el cual, entre tanto, continuará cumpliendo esta función.

    El Gobierno presentará al Congreso, al mes próximo de su instalación, el tesina de ley relativo al adiestramiento de las funciones del Costado y a las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá sus estatutos de conformidad con el artículo 372 de la Constitución.

    Si cumplido un año de la presentación de este tesina no se ha expedido la ley correspondiente, el Presidente de la República lo pondrá en vigencia mediante Decreto con fuerza de ley.

    ARTICULO TRANSITORIO 52. A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Comisión Doméstico de Títulos tendrá el carácter de Superintendencia. El Gobierno Franquista dispondrá lo necesario para la adecuación de dicha institución a su nueva naturaleza, sin perjuicio de lo que al respecto podrá disponer el Gobierno en ampliación de lo establecido en el artículo transitorio 20.

    ARTICULO TRANSITORIO 53. El Gobierno tomará las decisiones administrativas y hará los traslados presupuestales que fueren necesarios para apoyar el corriente funcionamiento de la Corte Constitucional.

    CAPITULO VIII.

    ARTICULO TRANSITORIO 54. Adóptanse, para todos los posesiones constitucionales y legales, los resultados del Censo Franquista de Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985.

    ARTICULO TRANSITORIO 55. En el interior de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión específico que el Gobierno creará para tal propósito, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.

    En la comisión particular de que proxenetismo el inciso previo tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas.

    La propiedad así reconocida sólo será transferible en los términos que señale la ley.

    La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su crecimiento econóadefesio y social.

    PARAGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto oportuno de la comisión distinto aquí prevista.

    PARAGRAFO 2o. Si al vencimiento del término señveloz en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo internamente de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley.

    ARTICULO TRANSITORIO 56. Mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 329, el Gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales.

    ARTICULO TRANSITORIO 57. El Gobierno formará una comisión integrada por representantes del Gobierno, los sindicatos, los gremios económicos, los movimientos políticos y sociales, los campesinos y los trabajadores informales, para que en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, elabore una propuesta que desarrolle las normas sobre seguridad social.

    Esta propuesta servirá de cojín al Gobierno para la preparación de los proyectos de ley que sobre la materia deberá presentar a consideración del Congreso.

    ARTICULO TRANSITORIO 58. Autorízase al Gobierno Doméstico para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las Cámaras del Congreso de la República.

    ARTICULO TRANSITORIO 59. La presente Constitución y los demás actos promulgados por esta Asamblea Constituyente no están sujetos a control interno alguno.

    ARTICULO TRANSITORIO 60. Para los posesiones de la aplicación de los artículos 346 y 355 constitucionales y normas concordantes, el Plan Franquista de Progreso para los años 1993 y 1994 y hasta cuando entre en vigencia el permitido por el Congreso de la República, en los términos y condiciones establecidos en la coetáneo Constitución Política, será el que corresponda a las leyes anuales del Presupuesto de Rentas y de Apropiaciones de la Nación. El plan de ley respectivo presentado por el Gobierno desarrollará los programas, proyectos y planes aprobados por el Consejo Franquista de Política Económica y Social, Conpes.

    Tratándose de Planes de Expansión Departamentales, Distritales y Municipales serán considerados los aprobados por la respectiva Corporación Pública Territorial.

    Si presentado el Tesina del Plan de Avance por el respectivo Patrón de Administración de la entidad territorial, no fuere expedido por la Corporación Pública ayer del vencimiento del subsiguiente período de sesiones ordinarias a la vigencia de este Acto constitucional, aquél por medio de Decreto le impartirá su validez admitido. Dicho Plan regirá por el término establecido en la ley.

    (Artículo Adicionado por Acto Legal Núexclusivo 02 de 1993)

    ARTICULO TRANSITORIO. La Comisión Singular creada por el artículo 38 transitorio también sesionará entre el 1o. y el 30 de noviembre de 1991, plazo en la cual cesará en sus funciones.

    NOTA: Se hace relato al artículo 38 transitorio de la Comisión Codificadora o 6 de la Constitución.

    CONSTANCIA

    El suscrito como Secretario de la Asamblea Franquista Constituyente durante el período reglamentario deja constancia que firma la Constitución Política de Colombia de 1991 en dicho carácter, después de tener revisado el texto definitivo y contrario que él corresponde esencialmente al articulado consentido en segundo debate por la mencionada corporación en sus sesiones de los días 28, 29 y 30 de junio y 1o. 2o. y 3o. de julio de 1991. Ese solo luces tiene su refrendación al hacerlo en la plazo.

    Bogotá, D.E. julio 6 de 1991.

    JACOBO PEREZ ESCOBAR,

    Secretario Genérico, Asamblea Doméstico Constituyente (1991).

    Ver este video: Préstamos a la colombiana: con intereses y trastorno


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *